El informe final, de carácter no vinculante, fue entregado por el senador Alessandro Vieira, del partido de centroderecha MDB, en su condición de relator de la Comisión del Crimen Organizado de la Cámara Alta.
En él se solicitaba la posibilidad de denunciar por "crímenes de responsabilidad" a los jueces José Antonio Dias Toffoli, Alexandre de Moraes y Gilmar Mendes, así como al jefe del Ministerio Público, Paulo Gonet.
El relator basó su informe en la actuación de estas altas autoridades frente al escándalo del Banco Master, entidad liquidada extrajudicialmente en noviembre pasado por sospechas de un fraude millonario.
Vieira sostuvo que los magistrados Toffoli y De Moraes actuaron de forma "incompatible" con sus cargos debido a presuntos vínculos con el dueño de la entidad, Daniel Vorcaro, actualmente en prisión.
Mientras, Mendes fue señalado por supuesta obstrucción de los trabajos de la propia comisión parlamentaria y a Gonet le atribuyó una omisión deliberada en la investigación de los hechos.
El resultado de la votación estuvo marcado por una recomposición de la comisión orquestada por la base aliada del Gobierno apenas instantes antes del inicio de la sesión.
El bloque oficialista sustituyó a dos miembros de la oposición críticos con el Supremo por senadores leales al Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En la maniobra, los senadores Sergio Moro, del Partido Liberal, y Marcos do Val, de Avante, fueron removidos de la comisión para colocar en su lugar a Teresa Leitão y Beto Faro, ambos del Partido de los Trabajadores (PT), que lidera Lula.
Este movimiento garantizó la mayoría necesaria para rechazar y archivar el informe de Vieira.
El bloque de senadores alineados con el Gobierno justificó su voto en contra argumentando que el informe de Vieira era parcial y selectivo, ya que excluía del pedido de imputación a otros actores clave directamente implicados en el fraude del Banco Master.
Asimismo, criticaron que el informe ignorara casi por completo a las facciones criminales y el tráfico de armas y drogas, temas que constituían el objeto original de la comisión.
Tras conocerse el resultado de la votación, el presidente del Supremo, el juez Luiz Edson Fachin, expresó en una nota su solidaridad con sus colegas y repudió de forma "enfática" la "indebida" inclusión de los magistrados en las conclusiones del relator.
"La Presidencia reconoce que las Comisiones Parlamentarias de Investigación son una garantía fundamental de la democracia", pero advierte que los "desvíos de finalidad de estas comisiones debilitan los pilares democráticos y amenazan los derechos fundamentales de cualquier ciudadano".
Incluso de haber sido aprobada, la propuesta no habría tenido efectos jurídicos inmediatos, ya que las comisiones parlamentarias de investigación tienen poderes de instrucción, como convocar testigos o levantar secretos bancarios, pero carecen de potestad para juzgar o sancionar.