El alcalde de la urbe, el demócrata John Whitmire, convocó a una sesión especial del consejo municipal el próximo viernes para eliminar las directrices, después de que Abbott amenazara con quitarle a la ciudad más de 100 millones de dólares de financiación estatal para seguridad pública.
Las nuevas directrices prohíben que los agentes policiales prolonguen una detención más de lo necesario durante encuentros con las autoridades, como las paradas de tráfico, únicamente con el fin de que la persona sea arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
En un comunicado, Whitmire dijo que la posible pérdida de fondos estatales desencadenaría una "crisis" para la "seguridad" en la ciudad, incluyendo el Departamento de Policía y de los Bomberos, a pocos meses de que empiece el Mundial de Fútbol, que tiene a Houston como una de sus sedes.
Las autoridades del estado de mayoría republicana, incluyendo el fiscal general y mano derecha de Abbott, Ken Paxton, argumentan que las nuevas directrices violan una ley conocida como SB4, que prohíbe a las ciudades en Texas adoptar medidas que "limiten materialmente" la cooperación entre el ICE y los departamentos de Policía locales.
Por su parte, organizaciones en defensa de los derechos humanos como la Unión Estadounidenses de LIbertades Civiles (ACLU), aseguran que las medidas adoptadas por el consejo municipal están dentro del marco legal estatal y nacional.
"La ordenanza aclara que los agentes de Policía solo pueden retener a personas para el ICE si existe una orden firmada por un juez, de conformidad con la ley estatal y la Constitución de Estados Unidos", indicó la ACLU en un comunicado.
A nivel nacional, varias ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Chicago han mantenido por décadas restricciones similares bajo el argumento de que la cooperación con el ICE reduce las denuncias de delitos y colaboración con la Policía local de las comunidades afectadas.