"La suspensión de estos espacios constituye una medida desproporcionada y regresiva, que interrumpe un proceso legítimo de paz urbana, debilita la confianza construida en los territorios y pone en riesgo avances concretos en la reducción de violencias y la convivencia", señalaron varias organizaciones en un comunicado conocido por EFE.
La mesa de diálogos de paz del Gobierno colombiano con cabecillas de grupos armados ilegales que operan en Medellín y en el Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia (noroeste), fue instalada en junio de 2023, hace parte de la política de la paz total y tiene como objetivo desmovilizar a unas 12.000 personas y acabar con la guerra en las comunas de la segunda ciudad más importante del país.
Este "proceso de paz urbana", uno de los que más ha avanzado durante el mandato de Petro, fue suspendido la semana pasada por el propio mandatario después de que varios de los cabecillas que participan en los espacios de "diálogo socio-jurídico" organizaran una fiesta ilegal en la cárcel La Paz, del municipio de Itagüí, vecino de Medellín.
Los hechos ocurrieron el pasado 8 de abril cuando, según denuncias de líderes políticos de Medellín, el cantante de vallenato Nelson Velásquez ingresó al penal y dio un concierto privado a los cabecillas en una fiesta marcada por excesos en la que hubo bebidas alcohólicas y hasta prostitutas.
Por cuenta del escándalo, Petro no solo suspendió los diálogos, también ordenó el lunes pasado el traslado de varios de los cabecillas involucrados a cárceles en Bogotá, una medida que también está siendo criticada por las organizaciones sociales que piden la reanudación de los diálogos.
Las organizaciones también piden al Gobierno garantizar la participación de la sociedad civil organizada, "como actor legítimo en la construcción de paz urbana".
"El Estado colombiano tiene la obligación de garantizar condiciones reales para la transformación de los conflictos urbanos, no de debilitar los avances construidos con las comunidades", indicaron.