En el proyecto de ley, el Gobierno de Javier Milei alega que entre 2003 y 2023 la cantidad de pensiones por invalidez tuvo un “crecimiento exponencial”, pasando de 76.000 a 1.200.000 en ese período y generando una “inevitable sospecha” sobre las condiciones en que esos beneficios fueron otorgados.
El texto de la iniciativa, hecho público este lunes por parlamentarios opositores que rechazan el proyecto, señala que el Estado debe establecer mecanismos para prevenir, detectar y sancionar el “fraude” en las pensiones, entre ellos, un nuevo registro obligatorio de los beneficiarios.
El proyecto elimina por otra parte la posibilidad de que, si una persona con discapacidad logra acceder a un trabajo registrado, siga cobrando la pensión por invalidez.
Además, desregula los pagos mínimos a las organizaciones que prestan servicios a personas con discapacidad.
“En realidad van por un nuevo ajuste: recortar derechos y sacarle a quienes más necesitan para sostener su modelo”, afirmó este lunes en redes sociales la diputada peronista Victoria Tolosa Paz.
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El Foro Permanente de Discapacidad, que reúne a varias organizaciones del colectivo de personas con alguna limitación, convocó a una protesta el próximo miércoles frente al Ministerio de Salud, de cuya órbita depende la Secretaría de Discapacidad.
“Esta iniciativa, que modifica el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad, instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad y desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural del sistema”, señaló el foro en un comunicado.
Las personas con discapacidad, sus familiares y las instituciones que les brindan asistencia exigen al Gobierno que cumpla con la ley de emergencia en discapacidad, que obliga al Ejecutivo a garantizar la financiación adecuada y fortalecer la asistencia para ese sector.
La norma fue aprobada en julio de 2025 por el Congreso y vetada en agosto a través de un decreto presidencial, que luego fue rechazado por el Parlamento en septiembre, ratificando así la ley y obligando al Ejecutivo a promulgarla.
No obstante, la norma nunca fue aplicada por el Ejecutivo, bajo el argumento de que el proyecto no enunciaba de forma expresa de dónde se obtendrían los fondos para financiar tal mejora para el sector.
La Justicia rechazó ese argumento en diciembre pasado y ordenó aplicar la ley de manera inmediata, en un fallo que fue apelado por el Ejecutivo.