Según Europol, las investigaciones permitieron recopilar datos sobre rutas de traslado, personas implicadas en las deportaciones -incluidos responsables de orfanatos-, unidades militares presuntamente involucradas, así como instalaciones y campamentos donde habrían sido llevados los niños.
También se identificaron plataformas digitales con imágenes de menores que podrían haber sido deportados y posibles casos de niños que podrían estar siendo integrados en estructuras militares rusas como parte de la guerra en Ucrania.
La iniciativa, coorganizada con Países Bajos, reunió a unos 40 expertos en inteligencia de fuentes abiertas, que elaboraron informes con información clave para determinar el paradero de los menores y apoyar las investigaciones de las autoridades ucranianas.
El encuentro se celebró en la sede de Europol, en La Haya, y es el tercer ejercicio de este tipo y el segundo centrado específicamente en la localización de menores ucranianos trasladados por la fuerza, una práctica que podría constituir un crimen de guerra según el derecho internacional.
Las autoridades ucranianas calculan que más de 19.500 niños han sido deportados o trasladados desde territorios ocupados hacia Rusia o Bielorrusia desde el inicio de la invasión.
Algunos habrían sido adoptados por familias rusas, mientras que otros permanecen en centros de “reeducación” o instituciones psiquiátricas.
Los expertos participantes utilizaron herramientas digitales avanzadas y técnicas de análisis de fuentes abiertas para rastrear a esos menores e identificar a posibles responsables de su traslado, y los resultados serán analizados y compartidos con Ucrania para apoyar sus investigaciones judiciales.
En la operación participaron países como España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania o Italia, entre otros, así como organizaciones especializadas en documentación de crímenes internacionales.
La CPI ha emitido desde 2023 al menos seis órdenes de arresto por diferentes crímenes en Ucrania, incluidas una contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y otra contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia.
A ambos les acusa de deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI.