La Justicia panameña ordenó recientemente las primeras indemnizaciones a víctimas del envenenamiento masivo con dietilenglicol, una tragedia destapada en 2006 tras la distribución de un jarabe para la tos elaborado por el seguro social panameño.
El caso, ligado a una cadena comercial que pasó por China, España y Panamá, dejó centenares de muertos: la ONU y la OMS recogen 291 fallecidos confirmados, mientras las asociaciones de víctimas elevan la cifra real a más de 800.
En su investigación oficial de 2007, las autoridades chinas sostuvieron que el producto vendido desde China no era glicerina de uso farmacéutico, sino una materia prima química industrial conocida como "TD glycerin", y defendieron que el proceso comercial entre China y la española Rasfer fue distinto del tramo posterior entre esta empresa y la panameña Medicom.
Pekín afirmó entonces que la "principal responsabilidad" por el desenlace recaía en la parte panameña, al considerar que allí se alteraron el uso declarado del producto y su fecha de caducidad, aunque admitió también irregularidades en la parte china, como el uso de una denominación ambigua y un etiquetado susceptible de confusión.
El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun explicó este miércoles en una rueda de prensa que "no está familiarizado con la situación relevante" y añadió que China "siempre ha concedido gran importancia a la seguridad de los medicamentos", al tiempo que recomendó "consultar a las autoridades competentes chinas".
El caso panameño coincidió con una época en la que China se vio sacudida por una sucesión de crisis ligadas a la seguridad de alimentos, medicamentos y otros productos.
En aquellos años se produjeron incidentes como el de Panamá, la retirada de juguetes y otros artículos en mercados extranjeros y el escándalo de la leche contaminada con melamina, que afectó a 300.000 niños y causó la muerte de al menos seis.
A ello se sumaron otros episodios en el ámbito farmacéutico, como vacunas, inyectables o medicamentos adulterados, que alimentaron una fuerte crisis de confianza respecto a los productos del gigante asiático, tanto dentro como fuera de sus fronteras.
La ejecución en 2007 del exjefe chino de la Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos Zheng Xiaoyu se convirtió en el castigo más sonado de la ola de escándalos sanitarios que golpeó al país en aquellos años.
Condenado por aceptar sobornos y abusar de su cargo en la aprobación de fármacos y dispositivos médicos, su caso fue presentado por Pekín como muestra de mano dura frente a una crisis de confianza en los productos médicos y alimentarios en el gigante asiático, aunque su sentencia no guardó relación directa con el envenenamiento masivo de Panamá.
Meses después, el entonces subdirector del regulador, Wu Zhen, admitió que Zheng había dejado "problemas heredados" en la seguridad farmacéutica que las autoridades trataban de "limpiar" mediante una campaña nacional de inspección y rectificación.
Wu defendió entonces una revisión de registros que llevó a las empresas a retirar más de 7.300 solicitudes por problemas de autenticidad, adecuación formal o integridad de sus permisos.
Según Wu, el objetivo era cerrar los vacíos legales entre los sectores químico y farmacéutico, subrayando la necesidad de establecer un sistema de supervisión para evitar que productos industriales acabasen en la cadena sanitaria.
Los grandes escándalos internacionales ligados a productos chinos se hicieron menos frecuentes, aunque los fallos no han desaparecido y siguen aflorando en episodios que reavivan la preocupación sobre la eficacia de los controles, como el caso de una guardería de la ciudad de Tianshui (oeste) donde más de 200 menores presentaron en 2025 niveles anómalos de plomo en sangre tras consumir alimentos preparados con colorantes no aptos para uso alimentario.
En 2024, un caso de transporte de aceite de cocina en camiones cisterna que previamente habían cargado productos químicos sin la limpieza adecuada, que causó una gran polémica, se saldó con multas millonarias a empresas implicadas.