El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó en un comunicado que entregó a la Embajada de Rusia en Lima una lista de peruanos que se encuentran en la zona de conflicto con la petición de que "brinden de manera urgente información sobre su situación, ubicación y estado de salud".
Asimismo, la Cancillería peruana comunicó formalmente a la misión diplomática de Rusia en Perú que, conforme a la Constitución peruana, todo peruano debe solicitar una autorización previa al Ministerio de Relaciones Exteriores para servir en las Fuerzas Armadas extranjeras.
A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha reiterado a su embajador en Moscú la instrucción de "redoblar el contacto con las autoridades rusas para abordar esta delicada problemática" y ha dispuesto que en Lima se cree un grupo de trabajo con funcionarios de la Fiscalía, la Policía Nacional y los ministerios de Interior, Defensa y Trabajo.
Ese grupo de trabajo tendrá la misión de establecer acciones conjuntas para atender las denuncias que han hecho los familiares del personal reclutado en Perú, dentro de sus funciones y competencias, entre las que se encuentran perseguir delitos como la trata de personas y el tráfico de migrantes.
En el marco de dicho grupo se promoverá una campaña comunicacional para alertar sobre los peligros de prestar servicios en fuerzas armadas en zonas de conflicto.
La pasada semana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú reportó haber facilitado la repatriación de cuatro peruanos desde Moscú y uno desde Polonia tras haber combatido en las filas de cada uno de los respectivos bandos, y mantiene abiertas las líneas de comunicación para brindar asistencia y asesoría a otros casos similares.
Hasta el momento, la Embajada de Rusia en Perú no se ha pronunciado públicamente frente a estas denuncias que llevaron a los familiares a realizar la semana pasada un plantón frente a la sede diplomática.
Este martes, familiares de alrededor de 130 peruanos insistieron en su petición a la Cancillería que les ayude a repatriar a sus allegados, que según relatan, firmaron en las últimas semanas contratos para trabajar en puestos de seguridad en Rusia y ahora se encuentran presuntamente en el frente de la guerra en Ucrania.
Angie Mendoza, abogada de las familias denunciantes, sostuvo que estos ciudadanos han sido mayormente reclutados a través de redes sociales o por contactos de su promoción militar o policial para trabajar supuestamente como parte de la protección civil rusa o para puestos como mecánicos y transportistas.
Los abogados expusieron que, a personas de bajos ingresos o desempleadas les prometen, un pago "atractivo" de entre 20.000 y 30.000 dólares cuando lleguen a Rusia y un salario de alrededor de 3.000 dólares mensuales, cantidades que familiares apuntan que no han recibido.
Hasta el momento los abogados han identificado 130 casos, pero este mismo martes supieron de un segundo grupo de alrededor de 250 personas de distintas zonas del país.