"Entre el 15 y el 18 de enero, las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF) y la Policía de Uganda probablemente asesinaron al menos a 16 personas en todo el país mediante el uso ilegítimo de la fuerza", indicó en un comunicado esta organización pro derechos humanos.
Según AI, las autoridades arrestaron "arbitrariamente" a cientos de personas, de las que muchas fueron sometidas a un régimen de incomunicación o retenidas en lugares de arresto desconocidos y otras sufrieron malos tratos y torturas, todo ello mientras regía un bloqueo de internet en el país decretado dos días antes de los comicios.
"Tres meses después de que las fuerzas de seguridad infligieran una brutalidad indescriptible a la población, nadie ha rendido cuentas", lamentó el director regional de AI para África oriental y meridional, Tigere Chagutah.
La organización pidió que se suspenda de sus funciones a los agentes sospechosos de cometer o permitir estos abusos hasta que concluyan las investigaciones.
Después de entrevistar a 33 hombres y 15 mujeres entre el 5 de enero y el 21 de marzo, y tras revisar vídeos y fotos publicados en redes sociales e informes de autopsias, AI documentó 16 muertos a manos de las fuerzas de seguridad ugandesas.
"Los testigos informaron a AI de que ninguna de estas víctimas estaba armada y no representaban una amenaza inminente de muerte o lesiones graves para nadie (...) Familiares informaron a AI de que no se les permitió presenciar la autopsia y las autoridades no habían iniciado ninguna investigación sobre las muertes", detalló la ONG.
AI documentó igualmente 17 casos de detenciones arbitrarias, en ninguno de los cuales se presentó una orden de arresto y en los que se interrogó a los detenidos sobre su afiliación a la NUP o sobre su apoyo al líder de la formación, el cantante y candidato presidencial Robert Kyagulanyi, conocido popularmente como Bobi Wine.
Otras siete personas permanecieron incomunicadas durante un período de entre tres días y tres semanas y, en al menos cuatro casos, la Policía negó tener a las víctimas bajo custodia.
Entre el 12 y el 15 de enero, altos cargos de la NUP, entre ellos Jolly Jacklyn Tukamushaba, Lina Zedriga y Bright Muhumuza, fueron detenidos, retenidos en un lugar desconocido y acusados, sin representación legal, de diversos delitos, como incitación a la violencia y acto temerario y negligente.
"Las autoridades deben liberar de inmediato y sin condiciones a quienes siguen detenidos únicamente por ejercer sus derechos. Debe garantizarse el derecho a un juicio justo a quienes sean sospechosos de haber cometido un delito reconocido internacionalmente", aseveró Chagutah.
AI también logró documentar al menos doce casos de tortura y malos tratos por parte de agentes de seguridad durante los arrestos, en los que los detenidos fueron golpeados con cables, palos o porras, e incluso algunas personas llegaron a ser apretadas con alicates en diferentes partes del cuerpo.
"Las autoridades ugandesas tienen la obligación legal internacional de garantizar que nadie sea sometido a arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas, tortura u otros malos tratos, y de asegurar que cualquier denuncia de este tipo sea investigada y procesada mediante procedimientos justos y que las víctimas reciban recursos efectivos", concluyó el director regional de AI.