Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti convalidaron este jueves la sentencia dictada en tribunales argentinos contra el expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco) entre 2021 y 2022, quien está detenido en el país desde 2024.
El caso llegó al máximo tribunal tras un recurso presentado por la defensa de Luque Lecaro sobre la orden de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
De acuerdo a la ley argentina, los presidentes tienen la última palabra sobre las extradiciones, por lo que depende ahora de Javier Milei de respetar la decisión de la Justicia.
Luque Lecaro es una de las personas claves del denominado caso ‘Encuentro’, una investigación por el delito de delincuencia organizada por el que ya fue sentenciado a diez años de cárcel en noviembre de 2024 el cuñado del expresidente Lasso, Danilo Carrera, quien fue declarado culpable de haber dirigido una red de corrupción para influir en contratos con empresas públicas durante la administración del exmandatario.
Según la Fiscalía, los líderes de esta red aprovecharon la designación de Luque como director de Emco para nombrar al gerente de la Corporación Nacional de Electricidad y así influir en la adjudicación de los contratos.
Desde que saliera a la luz este caso en enero de 2023, Luque se encontraba en paradero desconocido, tras constatar las autoridades de que había abandonado el país, pero fue detenido en Argentina en febrero de 2024.
El proceso judicial en Ecuador se encuentra suspendido por su condición de prófugo.
El caso ‘Encuentro’ fue uno de los procesos por el que el Parlamento intentó llevar en abril de 2023 a un juicio político a Lasso, aunque la Corte Constitucional únicamente dio luz verde al proceso por otro caso referente a una presunta de malversación de fondos públicos en contratos de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), que ya fue archivado por la Justicia ecuatoriana.
Lasso logró evadir su eventual destitución al invocar el recurso constitucional de “muerte cruzada”, con el que pudo disolver el Legislativo a cambio de acortar su mandato y forzar la convocatoria de elecciones generales extraordinarias, en las que ganó el actual presidente, Daniel Noboa.