"No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el por qué de la urgencia de la detención provisional", aseguró este viernes el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc), Raúl Armando Jiménez.
Asimismo precisó que "no existen pruebas anexas" en el pedimento de EE.UU. de que acrediten la comisión de un presunto delito que "haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar".
Por lo anterior, la Fiscalía enviará una comunicación a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que solicite a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York "todas las pruebas, argumentos, informes, documentos" necesarios mediante vías que garanticen la confidencialidad de la información.
Una vez sea reciba dicha documentación y pueda ser analizada, la dependencia podrá "fijar un posicionamiento de carácter institucional".
"Por nuestra parte se llevan a cabo las investigaciones correspondientes sobre los posibles hechos referidos ocurridos en territorio nacional en términos de nuestra legislación", indicó.
Aclaró también que lo que se planteó por las autoridades estadounidenses "no fue la petición formal de extradición", sino más bien la "detención provisional" de los funcionarios acusados de tener presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa.
Armando Jiménez argumentó que solo se llevaría a cabo la extradición formal si el Gobierno de Estados Unidos inicia dicho proceso, en el cual México se apegaría a las reglas previstas en el Tratado de Extradición México-Estados y en la normatividad en la ley de extradición internacional.
“Nosotros estaríamos en espera de la respuesta por parte de las autoridades estadounidenses y, en función de la documentación, informes, evidencias que nos aporten, realizaremos un segundo análisis que derivará acerca de sí o no la petición encuadra en los requisitos y elementos formales del artículo 11 del tratado bilateral de extradición”, estipuló.
La respuesta por parte de la FGR se da días después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra un total de diez personas por presuntamente conspirar con líderes del Cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos.