El adolescente utilizó una pistola perteneciente a su padrastro y no tuvo dificultades para ingresar a la escuela por ser estudiante de la misma, según la Policía Militarizada de Acre, estado amazónico del oeste de Brasil fronterizo con Perú y Bolivia, y del que Río Branco es capital.
En el ataque murieron dos supervisoras de las institución y quedaron heridas otras cinco personas, de las cuales cuatro menores de edad.
Tras efectuar varios disparos y pese a que aún contaba con munición, el agresor se entregó a los policías que acudieron a la escuela para atender los pedidos de socorro.
Los ataques armados en escuelas se hicieron recurrentes en los últimos años en Brasil.
De acuerdo con el estudio 'Ataques de violencia extrema en las escuelas de Brasil', elaborado por investigadores de la Universidad Estatal Paulista y de la Universidad de Campinas, entre 2001 y 2024 se registraron en el país 42 ataques armados que dejaron 38 muertes.
El 64 % de los casos se registró entre 2022 y 2024, con diez ataques en 2022, doce en 2023 y cinco en 2024.
El aumento del número de casos llevó al Gobierno a presentar a consideración del Congreso un proyecto de ley que convierte en "crimen hediondo" (atroz) los ataques en las escuelas y eleva en casi un tercio las penas de prisión para los agresores.
En octubre de 2023, tras un tiroteo en una escuela en São Paulo que dejó una estudiante muerta y otros tres heridos, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que no podía considerarse normal que los jóvenes tuviesen acceso a las armas.
Lula es un duro crítico de la política de flexibilización del porte y de la posesión de armas impulsada por su antecesor, el líder ultraderechista Jair Bolsonaro, en su Gobierno (2019-2022).
Poco después de asumir en enero de 2023 su tercer mandato como jefe de Estado, el progresista dejó sin validez varias de las medidas de Bolsonaro que facilitaban la posesión de armas.