El informe precisó que el 27 % de las víctimas fueron causadas por las bandas armadas, el 69 % durante operaciones de las fuerzas de seguridad contra las pandillas -con decenas de civiles muertos y heridos, entre ellos niños- y el 4 % restante por grupos de autodefensa y miembros de la población.
Además, al menos 69 personas resultaron muertas o heridas por drones con explosivos, entre ellas cinco niños, según el organismo.
"A pesar de los avances en materia de seguridad en algunas zonas del centro de Puerto Príncipe, la inseguridad es diaria e insostenible para un gran número de haitianos", declaró el responsable del BINUH, Carlos Ruiz Massieu.
Si bien las operaciones de las fuerzas de seguridad han limitado la expansión territorial de las bandas en el centro de la capital, en las zonas bajo su control han seguido cometiendo asesinatos selectivos, secuestros, actos de extorsión y destrucción de propiedades, indica el reporte.
Las bandas también han sido responsables de actos de violencia sexual, en particular violaciones colectivas o casos de explotación sexual contra más de 292 víctimas, principalmente mujeres y niñas de entre 12 y 17 años.
"Los grupos armados siguen utilizando la violencia sexual como medio para castigar a las poblaciones que viven bajo su control, al igual que la trata de niños", asegura el documento.
En los tres primeros meses del año, al menos un policía fue asesinado y otros nueve resultaron heridos. En las afueras de Puerto Príncipe y en el departamento Artibonite (norte), las bandas también cometieron graves abusos contra la población, subrayó el informe, y apunta que los ataques más violentos se dieron a finales de marzo y continuaron en abril.
Entre el 29 y el 31 de marzo, miembros de las bandas atacaron de forma coordinada 16 localidades del Bajo Artibonite, cuyo principal blanco fueron grupos de autodefensa.
Allí al menos 83 personas murieron y otras 38 resultaron heridas, y revela además que algunas víctimas fueron sacadas de la cama en plena noche y luego asesinadas a tiros frente a sus viviendas.
El informe puso de relieve la persistencia de denuncias de ejecuciones o intentos de ejecuciones sumarias en las que están implicados miembros de la Policía Nacional de Haití (PNH). Documentados en su mayoría en lugares específicos de la capital, estos incidentes causaron la muerte de al menos 33 personas.
El reporte de la BINUH recomendó al Gobierno haitiano acelerar la aplicación del proceso de selección riguroso de personal dentro de la PNH y llevar ante la Justicia a los policías acusados de estar implicados en graves violaciones de los derechos humanos.
Además, instó a la comunidad internacional a mantener a Haití en su agenda y aportar el apoyo financiero y humano adecuado para garantizar el despliegue completo de la Fuerza de Supresión de las Pandillas (GSF), que está llamado a reunir un máximo de 5.500 agentes militares y policiales para combatir a las bandas armadas.