En una inusual reacción por parte de la CPI, que no acostumbra a comentar las informaciones filtradas a los medios, la portavoz del tribunal aseguró que la noticia publicada este domingo es “tan específica e inexacta” que, “de no ser desmentida, podría inducir a error” sobre el estado de los procedimientos judiciales en curso sobre la situación en Palestina.
“La Corte niega la emisión de nuevas órdenes de arresto en la Situación en el Estado de Palestina”, señaló la institución con sede en La Haya, que reiteró además que su práctica habitual es “no comentar sobre procedimientos judiciales confidenciales ni especulaciones” de prensa.
La CPI subrayó que esta aclaración “no debe interpretarse como un alejamiento” de su política de comunicación habitual y añadió que no hará más comentarios sobre este asunto.
La reacción de la Corte llega después de que el diario israelí Haaretz, citando una fuente diplomática, asegurara que la CPI había emitido cinco órdenes de arresto secretas contra tres políticos israelíes y dos miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), aunque el diario no precisó cuándo habrían sido aprobadas.
Hasta ahora, las únicas órdenes de arresto de la CPI conocidas públicamente contra altos responsables israelíes son las emitidas en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza, incluido el uso del hambre como arma de guerra contra la población civil.
El Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, no obliga a la Corte a hacer públicas las órdenes de arresto, y se considera que la práctica de mantenerlas bajo secreto puede aumentar las posibilidades de detención de los sospechosos en caso de desplazamientos internacionales, mientras que la publicación de las órdenes tiene un efecto disuasorio.
La investigación de los presuntos crímenes cometidos en Palestina es una de las más controvertidas para la CPI, puesto que la emisión de las órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant en 2024 provocó una fuerte reacción de Estados Unidos, que en respuesta emitió sanciones y restricciones contra responsables vinculados a la Corte, incluidos sus fiscales y jueces.