García Luna fue designado, como dicta la ley guatemalteca, por el presidente del país, Bernardo Arévalo de León, para ocupar por los próximos cuatro años la jefatura del Ministerio Público (MP, Fiscalía), señalado bajo el liderazgo de Porras de montar casos políticos, paralizar denuncias ciudadanas y abandonar la lucha contra la corrupción.
Estos son los principales desafíos que enfrentará García Luna, un juez de carrera de 49 años de edad, al frente del Ministerio Público, un ente que, junto con las cortes, integra el sistema judicial de Guatemala.
Las sanciones internacionales en contra de Consuelo Porras y los intentos por derrocar a Arévalo de León, que incluyeron acusaciones sin pruebas de un fraude en las elecciones presidenciales de 2023, son los aspectos más relevantes que acabaron con la credibilidad de la población en el Ministerio Público.
A ello se suma que la Fiscalía acostumbró, en estos ocho años, a archivar o dar por resueltas miles de denuncias ciudadanas en contra de la delincuencia común para mostrar, según la entidad, un 80 % de "eficacia" aunque, de acuerdo con diversas fuentes, la tasa real de éxito no supera el 8 %.
Sobre García Luna también recae la presión por retomar la lucha contra la corrupción que hizo caer al Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) y que, de la mano de la entonces fiscal general Thelma Aldana (2014-2018) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), permitió desarticular más de un centenar de casos de sobornos estatales.
La CICIG, una entidad independiente de la Organización de Naciones Unidas, fue desbaratada por Consuelo Porras.
La Fiscalía de Porras también fue acusada de negligencia en los procesos contra militares señalados por delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno (1960-1996), así como de proteger a los Gobiernos de Alejandro Giammattei (2020-2024) y Jimmy Morales (2016-2020) y a sus aliados políticos, que nunca han pisado un tribunal pese a docenas de señalamientos de corrupción en su contra.
Hay expectación por el rumbo que tomarán decenas de casos abiertos por el Ministerio Público contra políticos, periodistas y activistas que, incómodos para los intereses de Porras, fueron perseguidos estos ocho años por cargos que nunca fueron probados.
Más de 60 fiscales, periodistas, abogados y jueces salieron al exilio durante los últimos seis años por esta alegada persecución encausada por jueces sancionados por corrupción por EE.UU.
Hay casos emblemáticos, como los del periodista José Rubén Zamora o los líderes indígenas Héctor Chaclán y Luis Pacheco, que no se marcharon de Guatemala y han permanecido encarcelados por cargos nunca probados en su contra.
Desde la llegada al poder de Arévalo de León, la coordinación entre el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad quedó mermada debido a los intereses de Porras y la cúpula de la Fiscalía por derrocar al Gobierno.
Es por ello que se espera que con la incorporación de García Luna, se inicie una nueva era de cooperación con el Ministerio de Gobernación (Interior), al mando de la Policía Nacional Civil, lo que resulta trascendental para garantizar la justicia y la seguridad en el país centroamericano.