Del total de personas capturadas, nueve estuvieron involucradas directamente en la desaparición de las víctimas, señaló la autoridad.
En un comunicado conjunto emitido por distintas agencias de seguridad se explicó que hasta la fecha se han cumplido distintas acciones para la localización de dichas personas, quienes fueron vistas por última vez en Mazatlán, en febrero pasado.
La acción más reciente, señaló la nota, se llevó a cabo el 12 de mayo pasado, precisamente en Mazatlán donde tras un operativo fue capturado Jesús Valentín 'N', quien fue identificado "como la persona que proporcionó información de las víctimas y su ruta para ser interceptados por integrantes de una célula delictiva".
En la detención del sujeto, agentes le hallaron dosis de droga, un arma de fuego corta, dinero en efectivo y equipos de comunicación.
En el texto se relata que, tras los hechos de febrero pasado se desplegaron equipos de investigación especializados en la región y como resultado de estos operativos se ha detenido a 22 personas hasta el momento, de las cuales nueve tuvieron participación directa en los hechos.
Además, se han ejecutado siete revisiones en inmuebles relacionados con un grupo delictivo relacionado con la desaparición.
También se han decomisado 20 armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett, cargadores y cartuchos más de 3.000 mil dosis droga, nueve vehículos, dinero en efectivo, equipo táctico, de radio comunicación y telefonía.
En las investigaciones y búsqueda también participan agentes de la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.
En las últimas semanas, colectivos y organizaciones a nivel país e internacionales han alzado la voz y elevado su demandas para que México acepte mayor acompañamiento y escrutinio internacional frente a la crisis de desapariciones.
Más de 80 colectivos de búsqueda enviaron el pasado jueves una carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para solicitar que el caso de México sea llevado con urgencia ante la Asamblea General del organismo.
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en un informe que México enfrenta una crisis simultánea de desapariciones e identificación forense, con más de 70.000 cuerpos sin identificar bajo custodia estatal y más de 128.000 personas desaparecidas, hasta julio de 2025 (más de 133.000 a la fecha).
El informe coincidió con el avance del escrutinio del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que analiza elevar el caso mexicano ante la Asamblea General al considerar que las desapariciones podrían constituir "crímenes de lesa humanidad".