Según informó el Gobierno este lunes, Museveni firmó el domingo por la noche el llamado "Proyecto de Ley de Protección de la Soberanía", aprobado el pasado día 5 por el Parlamento, por lo que entra ya en vigor.
Los legisladores adoptaron "enmiendas que limitan significativamente su alcance, eliminan disposiciones controvertidas e introducen salvaguardias destinadas a armonizar la ley con la Constitución y los marcos regulatorios vigentes", indicó el pasado día 6 la institución parlamentaria en su web.
"Las enmiendas tienen como objetivo armonizar las definiciones con el alcance del proyecto de ley para limitar su aplicación únicamente a los agentes de extranjeros y no a ninguna otra persona", señaló un informe presentado por el presidente del Comité de Defensa y Asuntos Internos del Parlamento, Wilson Kajwengye.
Los diputados respaldaron los cambios que eliminaban una cláusula que clasificaba a los ugandeses residentes fuera del país como "extranjeros" y eximieron a algunas instituciones -incluidas organizaciones médicas, académicas y religiosas- de las restricciones a la financiación extranjera.
La legislación castiga las acciones que se consideren que fomentan "los intereses de un extranjero en detrimento de los de Uganda" y describe a las personas o grupos que reciben financiación foránea como "agentes de extranjeros".
Todo aquel que resulte declarado culpable en virtud de esta ley podría enfrentarse a penas de cárcel de hasta veinte años.
En defensa del proyecto de ley, el viceministro del Interior, general David Muhoozi, alegó que Uganda enfrenta desafíos que amenazan su capacidad de autogobierno.
Sin embargo, el líder de la oposición, Joel Ssenyonyi, criticó el texto legislativo tras su aprobación en el Parlamento.
"Nuestros colegas de la bancada contraria olvidan que cuando llueve, todos nos mojamos. Esa es la realidad de las leyes problemáticas. Incluso aquellos que gritaban '¡Sí!' se verán afectados en algún momento. ¡El día del juicio final llegará!", afirmó Ssenyonyi en su página de la red social Facebook.
El gobernador del Banco Central, Michael Atingi-Ego, había advertido de que la legislación podría reducir los flujos financieros hacia el país y aumentar el riesgo de agotar las reservas de divisas, una situación que tildó de "desastre económico".
Organizaciones pro derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW), habían criticado la ley, advirtiendo de que se asemeja a la legislación sobre "agentes extranjeros" utilizada en países como Rusia para reprimir a la sociedad civil.
Museveni, de 81 años y en el poder desde 1986, y el partido gobernante denuncian con frecuencia la influencia extranjera en Uganda, acusando a sus rivales políticos de recibir financiación del exterior e impulsar agendas extranjeras como los derechos de personas LGBTI.