La decisión, adoptada sin explicaciones, deja en vigor los fallos de tribunales inferiores que respaldaron una iniciativa aprobada por el Congreso en 2022 dentro de la Ley de Reducción de la Inflación, por el que las farmacéuticas tienen que negociar con Medicare el precio de sus medicamentos más populares.
Las demandas fueron presentadas por AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers, Janssen, Novartis y Novo Nordisk.
Estas farmacéuticas sostienen que el carácter voluntario del programa es meramente nominal, ya que si deciden no participar, sus fármacos quedan sujetos a impuestos en caso de que deseen continuar vendiéndolos a los beneficiarios de Medicare.
Los tribunales inferiores han desestimado tales argumentos, señalando que las compañías tienen plena libertad para retirar sus productos de los programas de salud gubernamentales.
Según datos remitidos al Supremo durante el primer mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, el Gobierno gastó más de 250.000 millones de dólares en medicamentos cubiertos por Medicare en 2021.
La primera ronda de negociaciones, que incluyó diez fármacos, permitirá ahorrar unos 6.000 millones de dólares al Estado y reducir en 1.500 millones el gasto de las personas mayores, tal y como calculó la Administración del expresidente Joe Biden en 2024.
Entre los medicamentos negociados figuran Farxiga -un tratamiento para la diabetes-, de AstraZeneca, y Eliquis, un anticoagulante producido por Bristol Myers Squibb.
Una segunda ronda de negociaciones, que abarca 15 fármacos, prevé ahorrar unos 12.000 millones de dólares cuando entre en vigor el próximo enero, mientras que la tercera ronda de diálogo ya está en marcha.
Sin embargo, la industria farmacéutica ha litigado contra este programa durante tres años sin éxito.
Las compañías también consideran que la medida equivale a una "expropiación" contraria a la Quinta Enmienda y que las obliga a aceptar precios bajo coacción o afrontar fuertes cargas fiscales.
El caso llegó al Supremo sin que existiera división de criterios entre tribunales inferiores, un factor que suele ser determinante para que la Corte admita revisar una causa.