"Esta institución ratifica que ningún delito quedará en la impunidad y reafirma su compromiso de combatir a las estructuras delictivas que pretendan amedrentar, atacar o interferir en la labor de quienes forman parte del sistema de justicia del país", dijo el Ministerio Público en un comunicado.
El TCE denunció la noche del viernes que el juez Joaquín Viteri, que lleva varios casos como el de la suspensión temporal del partido del expresidente Rafael Correa (2007 - 2017), había recibido "amenazas de muerte" por "el ejercicio de su cargo y el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales" y que estas supuestamente provenían de grupos delictivos.
Además, "rechazó las amenazas y descalificaciones difundidas en redes sociales con las que se pretende amedrentar el normal desarrollo de la función jurisdiccional y afectar indebidamente la labor de sus jueces".
El juez fue criticado horas antes por la presidenta del partido correísta, Gabriela Rivadeneira, quien señaló que el magistrado había negado, "cumpliendo órdenes" del presidente Daniel Noboa, solicitar al Parlamento que se levante la reserva de la información del caso por presunto lavado de dinero que investiga la Fiscalía y que llevó a su suspensión de nueve meses.
Según la dirigente, esa reserva les impide conocer los hechos investigados y pedir que se revoque la medida de cara a las elecciones locales del 29 de noviembre.
El magistrado también recibió críticas después de que suspendió el jueves por seis meses los derechos de participación política de Cristian Zamora, el alcalde de Cuenca, la tercera ciudad más poblada del país, al determinar que incurrió en violencia política de género contra una concejala municipal.
Si la sentencia es ratificada por el TCE, Zamora no podrá ser candidato a la reelección en los próximos comicios.
La Corte Nacional de Justicia expresó su solidaridad con el juez y rechazó "cualquier acto que pretenda afectar o condicionar el ejercicio independiente de la función jurisdiccional".
La Fiscalía señaló que buscará esclarecer los hechos e identificar a los presuntos responsables de esas supuestas amenazas.