La causa involucraba a las empresas GreenRécup 33, Azura y 3VR, así como a seis profesionales del sector de la gestión de residuos, entre ellos tres directivos. Los acusados enfrentaban cargos por exportación ilegal de mercancías peligrosas, gestión ilícita de residuos en grupo organizado y transferencias ilegales de residuos.
El caso estaba vinculado a una investigación abierta en España sobre residuos que debían ser clasificados y valorizados en Pamplona, pero que finalmente fueron enterrados en un vertedero de Zaragoza por un operador español.
En su fallo, comunicado a las partes la víspera, el tribunal concluyó que la investigación no logró demostrar que los residuos enviados desde la región de Burdeos tuvieran carácter peligroso conforme a la normativa europea.
Los jueces señalaron además que no existían pruebas suficientes para afirmar que dichos materiales no podían ser reciclados o valorizados, según la prensa local.
La sentencia también destacó que las verificaciones realizadas sobre los cargamentos resultaron insuficientes para acreditar los delitos imputados y que no se pudo demostrar que las empresas francesas conocieran el sistema fraudulento presuntamente implementado por los operadores españoles.
La Fiscalía dispone ahora de un plazo de diez días para decidir si presenta un recurso de apelación contra la sentencia.