El texto aprobado en el pleno de la Cámara Alta dejó sin efecto una resolución del Consejo Nacional de los Derechos de los Niños y los Adolescentes (Conanda) que establecía una serie de disposiciones sobre cómo actuar en los casos de menores embarazadas por violación.
La Cámara de Diputados ya tomó la misma determinación en noviembre de 2025, por lo que ahora, con el aval del Senado, la suspensión entrará en vigor en el momento en que se promulgue.
La normativa suspendida aseguraba, por ejemplo, que los familiares no pudieran interferir, ni anular la voluntad de la menor, y garantizaba a estas asistencia jurídica gratuita para la protección de sus derechos.
En este sentido, blindaba el interés absoluto de la víctima, a la que aseguraba "sigilo, autonomía y el derecho de ser escuchada sin sufrir nuevas violencias por parte de las instituciones".
Además, implementaba protocolos de actuación y notificación con el fin de evitar la "revictimización" en los sistemas judicial y sanitario, exigiendo a los profesionales ejercer su labor de forma humanizada.
Sin embargo, en una votación simbólica, el Senado, de mayoría conservadora y que analizó el asunto en menos de dos minutos, suspendió la resolución del Conanda, vinculado al Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, ya que consideró que este superó sus propias competencias.
En este contexto, la relatora del caso, la senadora Damares Alves, exministra en el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), argumentó que el Conanda no fue fundado para "crear derechos", ni para "restringir prerrogativas previstas en ley o definir marcos jurídicos adoptados por el Parlamento".
Por su parte, la senadora Eudócia Caldas, del Partido Liberal (PL), que lidera el expresidente Bolsonaro, afirmó que la suspensión de la normativa es una forma de "no favorecer el aborto".
Actualmente, la legislación brasileña solo permite la realización del aborto cuando el embarazo es producto de una violación, en caso de que se demuestre una malformación cerebral del feto o cuando suponga un riesgo para la vida de la madre.
En los demás casos, la interrupción del embarazo está tipificada en el Código Penal y prevé penas para las mujeres y los médicos que lo practiquen.
Sin embargo, los embarazos en la adolescencia siguen siendo un problema de salud pública en el país.
Según datos oficiales del Ministerio de Salud, en 2025, cerca de 275.000 bebés nacieron de madres adolescentes. De ese total, alrededor de 11.600 fueron concebidos por niñas de entre 10 y 14 años.
El Código Penal brasileño tipifica como violación de persona vulnerable toda relación sexual con menores de 14 años.