En conferencia de prensa, el fiscal especial en investigación de asuntos relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara, señaló que la red delictiva Del Caballito, desmantelada el pasado viernes por autoridades federales, habría lavado esa cantidad de dinero mediante distintas operaciones financieras ilícitas, principalmente a través de la falsificación de facturas
El pasado viernes, la FGR informó que el desmantelamiento de la red criminal derivó en la detención de dos de sus líderes, Maikol ‘N’ y Salvador ‘N’, y el aseguramiento de bienes.
Tras investigaciones, las autoridades mexicanas identificaron que la agrupación delictiva operaba a 15 empresas y asociaciones civiles que utilizaban como fachadas, cuyos domicilios fiscales se encuentran en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
Este lunes, Lara explicó que durante dichas diligencias, se ejecutaron órdenes de detención en contra de los líderes y de otras seis personas, cuatro mujeres y dos hombres a quienes "se les identificó como posibles integrantes de la organización delictiva".
Dijo que tras quedar a disposición de la autoridad judicial, el pasado fin de semana se llevó a cabo la audiencia inicial en la que ministerios públicos "imputaron a dichas personas por su posible participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos, obteniéndose la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra".
No obstante, señaló, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional por lo que se fijó nueva fecha para la audiencia de continuación.
Precisó que luego de la totalidad de las diligencias de revisión de inmuebles se decomisaron 21 domicilios, 14 vehículos, entre ellos dos motocicletas y un total de 24.844 dólares, 1,21 millones de pesos (uno 70.200 dólares), 106.000 yenes, 1.700 libras esterlinas, 370 soles, 6.120 euros y 1.050 coronas danesas.
El vocero de la FGR explicó que la red "era operada por personas que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos", ofreciéndole a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas.
Para tal objetivo, "constituyeron empresas fachada" que generaban comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresaba flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagaban los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal.
Luego, "las empresas facturadoras canalizaban los recursos obtenidos hacia los trabajadores de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que permitía ocultar el origen del dinero", disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistemático de emisión de facturas falsas que repercutió en la afectación a la Hacienda Pública.
De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda mexicana, el monto de las facturas falsas generadas por la red ascendería a más de 12.000 millones de pesos (691 millones de dólares), que equivaldría a casi la mitad del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2026 para el estado de Tlaxcala, centro del país.