Los arrestos ocurrieron el miércoles en la manufacturera Burnstein Von Seelen Precision Casting, en Abbeville, una ciudad ubicada al suroeste de Charlotte.
La acusación se centra en la facilidad con la que los inmigrantes indocumentados pueden obtener identificaciones falsas —tanto federales como estatales— a través de "vendedores de documentos" distribuidos por todo el estado, explicó la Fiscalía en un comunicado.
Asimismo, se acusa a la empresa de facilitar, a sabiendas, el uso de identificaciones fraudulentas por parte de los indocumentados para obtener los trabajos.
Christopher Douglas Ramey y Sandy Lynn Willis, gerentes de la empresa, enfrentan cargos por incumplir su obligación legal de verificar la autenticidad de las identificaciones antes de contratar empleados, y facilitar el uso de documentos de identidad falsificados por parte de los indocumentados dentro de la empresa.
Al menos 48 empleados de la empresa fueron detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Las detenciones se dieron en el marco de una investigación conocida como ‘Ghost Story’ (Historia de Fantasmas) iniciada en otoño de 2024, en la que participaron varias agencias de la ley tanto estatales como federales.
Las autoridades también detuvieron y acusaron a presuntos vendedores de documentos falsificados como licencias de conducir estatales, tarjetas de Seguro Social de los EE. UU. u otras identificaciones fraudulentas para que las utilizaran los inmigrantes indocumentados.
Estas tarjetas de identidad falsas incluían el uso de las fechas de nacimiento y los números de Seguro Social de ciudadanos de los Estados Unidos.
"Si usted está prestando ayuda ilegal a inmigrantes indocumentados en Carolina del Sur, será investigado y procesado con todo el rigor de la ley", declaró el fiscal de Carolina del Sur Alan Wilson.
En una conferencia de prensa, el fiscal añadió que los delitos por los que están acusados “no solo roban empleos a los trabajadores estadounidenses, sino que también representan un grave riesgo para la seguridad nacional”.
Defensores de los inmigrantes han criticado la redada. Jace Woodrum, director ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Carolina del Sur dijo que la redada ha causado temor entre la comunidad migrante del estado, y que están recabando información sobre si se violaron los derechos de los detenidos.