Convocada por la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales, la movilización se desarrolló de forma pacífica y terminó sin incidentes.
"Esperamos que el presidente escuche, pero que también escuche a las víctimas de todos esos asesinos que hoy día quieren ser liberados", señaló la senadora Fabiola Campillai, una reconocida víctima de la represión policial en Chile durante la ola de protestas de 2019 que perdió la vista y el olfato producto de un disparo al rostro efectuado por Carabineros.
La marcha, que se desplazó desde la emblemática Plaza Baquedano hasta el palacio presidencial de La Moneda a través de la principal arteria capitalina, fue caracterizada como una protesta 'Contra la Impunidad', una alerta que cobra fuerza toda vez que el Ejecutivo no ha descartado aplicar indultos presidenciales a criminales de lesa humanidad.
"Lo reitero: la paz social no se logra dándole un perdonazo a quienes en su momento asesinaron, torturaron, desaparecieron a nuestra gente, a nuestros chilenos y chilenas", subrayó Campillai.
Hace unos días, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Fernando Rabat, no descartó conceder indultos a criminales de lesa humanidad condenados por delitos cometidos durante la dictadura civil militar (1973-1990) y señaló que "las circunstancias del caso van a permitir responder aquello".
Rabat, quien integró la defensa del exdictador Augusto Pinochet en el juicio por la Operación Colombo y en el Caso Riggs -investigaciones vinculadas al asesinato de 119 personas y a la malversación de fondos públicos-, afirmó que a la fecha el Gobierno ha recibido más de 40 solicitudes de indulto presidencial, algunas vinculadas a crímenes de lesa humanidad, a la ola de protestas de 2019 y a delitos comunes.
Las señales en ese sentido han sido diversas por parte de la administración Kast incluso antes de llegar a La Moneda: el propio mandatario afirmó en una de sus campañas que está abierto a indultar a exagentes de la policía política de Pinochet, como Miguel Krassnoff, sentenciado a más de mil años de prisión por secuestros, torturas, homicidios y desapariciones forzadas de opositores políticos durante la dictadura.
Desde su llegada al poder el 11 de marzo pasado, la Unidad Programa de Derechos Humanos de Ministerio de Justicia, el organismo más relevante en la persecución judicial de delitos de lesa humanidad y donde se aloja el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos, ha sufrido un recorte presupuestario de cerca de un millón de dólares.
El indulto presidencial en Chile es una facultad amparada en la Constitución, que permite perdonar (remitir), reducir o sustituir (conmutar) la pena de un condenado con sentencia en firme y ejecutoriada.