En su informe anual publicado este viernes, el Grupo de Expertos del Consejo de Europa contra el Tráfico de Seres Humanos (GRETA) explica que únicamente 22 de los 47 países que lo han ratificado han incorporado medidas legales para evitar esa penalización.
La presidenta de este organismo independiente, Conny Rijken, señaló que aunque el número de países que han dejado de perseguir a esas personas ha aumentado, siguiendo sus recomendaciones ese progreso "sigue siendo incompleto".
Por eso, pidió a los Estados que sigan reforzando "sus marcos legales y sus prácticas" porque hizo hincapié en que las víctimas de tráfico son "obligadas o forzadas a realizar actividades delictivas o ilegales. No identificarlas como víctimas del tráfico de personas implica que son arrestadas, perseguidas, encarceladas y/o deportadas".
En su informe anual, el GRETA indica que hay varios países, entre los que cita Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Serbia, España y Reino Unido, en los que se han elaborado directrices específicas, dirigidas a fiscales y a las fuerzas del orden, para no castigar a esas víctimas.
Hasta que empezaron las evaluaciones sobre la convención -que entró en vigor en algunos países en febrero de 2008- había únicamente una docena de países que excluían las sanciones contra las personas que se hubieran visto forzadas a delinquir al haber estado en manos de traficantes, entre los que estaba ya España.
Tras la primera evaluación se añadieron Albania, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Letonia, Eslovaquia y el Reino Unido) y entre la segunda y la tercera se vinieron a sumar Andorra, Bélgica, Montenegro y Macedonia del Norte.
El GRETA insiste en que los traficantes explotan diferentes factores de vulnerabilidad para hacer caer a sus víctimas en la democracia, como son la pobreza, la falta de techo, el paro, carecer de un estatuto legal como inmigrante, las discapacidades o las adicciones.
Los niños y los adolescentes se encuentran en una situación de exposición particularmente acusada cuando se trata de menores migrantes no acompañados, cuando dependen de instituciones de asistencia o cuando forman parte de minorías desfavorecidas.
Una delegación del GRETA está llevando a cabo esta semana una visita a España con vistas a una nueva evaluación.