La acción judicial, que tramita ante un tribunal federal de Florida, representa "en última instancia, un intento de ofensa a la soberanía nacional y a la independencia del Poder Judicial brasileño", según la nota lanzada por el organismo gubernamental.
El objetivo de la AGU es que el Estado brasileño se habilite formalmente en el proceso para solicitar su desestimación definitiva.
En febrero del año pasado, la Corte Suprema de Brasil suspendió el acceso en el país a la plataforma digital de videos Rumble, asociada a Truth Social del grupo Trump Media, luego de que la multinacional se negara a eliminar cuentas investigadas por difundir desinformación y no designara un representante legal en el país sudamericano.
El magistrado acusó a la plataforma de "incumplimientos conscientes y reiterados" y de estar "instrumentalizada" por grupos extremistas que divulgan discursos de odio, en el marco de investigaciones de la Corte Suprema sobre desinformación.
Por ello, la firma tecnológica demandó al magistrado en la justicia estadounidense con el argumento de que sus órdenes judiciales para bloquear perfiles y remover contenidos de internet constituyen censura y vulneran las garantías de libertad de expresión protegidas por las leyes de EE. UU.
Sin embargo, el Gobierno brasileño sostuvo este lunes que los fallos dictados por magistrados en el ejercicio de sus funciones soberanas no pueden quedar supeditados al control de cortes extranjeras.
"Para que Brasil pueda promover la defensa de las decisiones judiciales dictadas por el STF, el Estado brasileño necesita personarse en los autos del proceso, ya que la demanda fue interpuesta únicamente contra el ministro Alexandre de Moraes", explicó la AGU a través de su comunicado.
La institución subrayó que someter actos jurisdiccionales de un país a la apreciación de tribunales extranjeros implica una "grave ofensa a la inmunidad de jurisdicción", un principio ampliamente consagrado en el Derecho Internacional que también es reconocido por la propia legislación de los Estados Unidos.
"Brasil no consintió ni consentirá la evaluación de las decisiones de nuestra Suprema Corte por parte de jueces de otro país. Las decisiones judiciales brasileñas deben ser cumplidas o cuestionadas ante nuestros propios tribunales, de acuerdo con la ley procesal vigente en Brasil", enfatizó.
La ofensiva jurídica de la AGU se produce por indicación de la propia Corte.
A comienzos de este mes, el presidente de la máxima corte brasileña, Edson Fachin, dio luz verde a la actuación de la abogacía estatal tras determinar que la controversia trasciende la figura individual del propio juez Moraes y afecta directamente las competencias e independencia del Poder Judicial de Brasil.