La organización humanitaria Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc) informó este jueves que Cruz, una de las portavoces de la ONG, participó en Roma, Italia, en la asamblea general del OIAD, un ente que defiende el derecho a ejercer libremente y con total independencia la profesión de abogado, y que denuncia las situaciones que vulneran el derecho a la defensa.
El OIAD, con sede en París, es una iniciativa impulsada desde 2016 por el Conseilnational des barreaux (Francia), el Barreau de Paris (Francia), el Consejo General de la Abogacía Española (España) y el Consiglio Nazionale Forense (Italia), según datos del organismo.
En ese espacio, de acuerdo con la Unidehc, la abogada Cruz denunció las detenciones arbitrarias de sus colegas López y Anaya, "víctimas de la persecución política que vivimos los que ejercemos la profesión jurídica en El Salvador".
López fue detenida el 18 de mayo pasado bajo el cargo de peculado (malversación), en relación a su labor como asesora en el Tribunal Supremo Electoral, pero la Fiscalía cambió el delito a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal.
Anaya, abogado constitucionalista, fue detenido el 7 de junio de 2025 bajo acusaciones de lavado de activos, poco después de expresar públicamente críticas sobre diversas medidas gubernamentales, entre ellas la reducción de los espacios de participación democrática en El Salvador.
Cruz expuso la situación que la llevó a ella y a su compañero de Unidehc, Rudy Joya -también abogado-, a solicitar asilo en España tras huir, según Naciones Unidas, del "acoso legal" en El Salvador.
La abogada, cuyo trabajo se enfocó en acompañar a comunidades en riesgo de desalojos forzados, aprovechó su intervención para también denunciar las violaciones a derechos humanos cometidos, según indicó, el marco del régimen de excepción que suspende algunas garantías constitucionales en El Salvador.
"El régimen de excepción, que supone la suspensión de derechos constitucionales, limita el ejercicio de los derechos humanos como la vida, la integridad y la garantías judiciales", declaró, y agregó que "también es utilizado para criminalizar a las organizaciones populares, defensores de derechos humanos, ambientalistas, persecución a medios de comunicación y a abogados".
El régimen de excepción está vigente desde marzo de 2022 y es la principal medida del Gobierno de Bukele contra las maras o pandillas para reducir la violencia en el país centroamericano. Múltiples organizaciones de derechos humanos han pedido poner fin a su implementación.
La organización Human Rights Watch (HRW) señaló en abril pasado que las autoridades de El Salvador deben "poner fin" al régimen de excepción y "garantizar una revisión judicial rápida y juicios justos".