Con la previsible luz verde es este órgano -que acostumbra a respaldar por unanimidad las propuestas que le llegan- culminará el proceso de aprobación de estas medidas, que buscan liberalizar y descentralizar la economía cubana, que sufre una profunda crisis por motivos internos y externos.
El primer ministro, Manuel Marrero, a cargo de la primera intervención, habló de "medidas de impacto estratégico" que en absoluto pervierten el carácter socialista del sistema económico cubano, sino que son "condición para su preservación".
Las medidas van de la entrada en el sector turístico de "nuevos actores" en "nuevas modalidades" al fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), pasando por medidas para ampliar el rol del sector privado.
También contemplan cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones y dotar de una mayor "autonomía" a empresas estatales y municipios.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció el viernes pasado las medidas, sin aportar muchos detalles, que se han tramitado con una inusual urgencia en la isla. Este miércoles fueron aprobadas por el pleno del Comité Central del PCC.
“La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios. Y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista de Cuba y del Gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis; sino, cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella”, afirmó Díaz-Canel este miércoles ante el Comité Central.
El presidente reconoció que "no son ideas nuevas" que se plantearon años atrás pero no se implementaron, lo que fue un "error". "Cuba no necesita más dilaciones, necesita soluciones. No se trata de crear más oficinas ni de multiplicar reuniones, sino de lograr resultados concretos", subrayó.
Estos cambios económicos pueden servir a la vez dos objetivos: atajar la profunda crisis estructural que sufre la isla, con una profunda contracción en los últimos seis años, y calmar la presión de EE.UU., que exige profundas reformas políticas y económicas a La Habana y ha llegado a amenazar con una intervención militar para lograrlo.
Desde enero Washington ha impedido casi totalmente la entrada de petróleo y derivados en Cuba y ha provocado una desbandada de empresas internacionales que operaban en la isla (hoteleras, navieras, aerolíneas y bancos) por miedo a sufrir la última ronda de sanciones secundarias.
La situación interna es asimismo crítica: la producción agrícola e industrial se ha derrumbado, la generación energética está colapsando, los precios se multiplican, las distorsiones macroeconómicas se enquistan, el peso se deprecia de forma acelerada, y el sistema bancario y el Estado cubano están descapitalizados.
El deterioro de la calidad de vida, progresivo en los últimos años y acelerado desde enero, está alentando inusuales protestas en la isla -pequeñas y pacíficas, pero cada vez más frecuentes-, donde se tocan cazuelas y se quema la basura acumulada en las calles.