"La decisión sobre quién puede entrar y permanecer en nuestros países debe ser siempre democrática. Es fundamental que sigamos cuestionando el statu quo, en el que los traficantes de personas se enriquecen y se instrumentaliza la migración", se lee en una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa.
La misiva, iniciativa de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, está firmada por los líderes de Italia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
Los líderes, entre los que se encuentran conservadores como la italiana Giorgia Meloni, el húngaro Peter Magyar o el belga Baart De Wever, así como progresistas como el neerlandés Rob Jetten, el maltés Robert Abela o la propia Frederiksen, sostuvieron que, durante los últimos años, se han unido "para encontrar soluciones a los retos migratorios de Europa".
Y recordaron que este mes "se han alcanzado nuevos hitos importantes con el acuerdo sobre los últimos elementos de una legislación clave", en referencia a la reciente votación en el Parlamento Europeo sobre el Reglamento de Retornos, que permite, entre otros puntos, la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países.
Algunos de los países firmantes -Grecia, Austria, Dinamarca y Países Bajos-, además de Alemania, ya negocian conjuntamente con terceros países el establecimiento de estas infraestructuras.
"Juntos, hemos redefinido el debate europeo sobre la migración y alcanzado un amplio consenso en torno a la necesidad de una política migratoria europea que sea a la vez firme y justa. Una política migratoria que salvaguarde la cohesión de nuestras sociedades y ofrezca protección a las personas más vulnerables", manifestaron.
Ahora, prosigue la misiva, necesitan "mostrar resultados concretos que supongan una diferencia real" y "avanzar lo antes posible con soluciones basadas en terceros países" en referencia a estos centros de migrantes a los que España se opuso desde su concepción.
"Creemos que esta es la forma más eficaz de acabar con los modelos de negocio de los traficantes de migrantes, eliminar los incentivos para la migración irregular hacia Europa y garantizar que se repatrien a quienes no tienen derecho legal a permanecer en Europa. Todo ello de conformidad con la legislación de la UE y los convenios internacionales, y en estrecha cooperación con terceros países", detallaron.
Además, animaron al resto de Estados miembros a "estar dispuestos a ello, a buscar este tipo de soluciones y colaborar con socios potenciales", y a la Comisión Europea "a seguir apoyando a los Estados miembros en estos esfuerzos, incluso con recursos financieros".
También invitaron a ACNUR, a la OIM y a otras organizaciones internacionales pertinentes a participar activamente en el proceso.