Legislativo sesionará para analizar estado de excepción por "extrema gravedad" en Bolivia

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La Paz, 20 jun (EFE).- El vicepresidente de Bolivia y titular del Legislativo, Edmand Lara, llamó este sábado a tratar el decreto presidencial que declara el estado de excepción en el país, tras siete semanas de protestas de los sectores campesinos y afines al exmandatario Evo Morales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La sesión fue convocada para las 23:00 hora local (3:00 GMT del domingo), bajo carácter de "obligatoria presencialidad", a diferencia de otras sesiones recientes en las que se permitió a los legisladores participar de forma virtual por los bloqueos de caminos que afectan principalmente a la zona andina y el centro del país.

El llamado es "en atención a la extrema gravedad de la coyuntura nacional y al carácter excepcional de la medida que debe ser considerada", según la convocatoria.

La Constitución de Bolivia, promulgada en 2009, establece que la Asamblea Legislativa tiene hasta 72 horas para aceptar o rechazar el estado de excepción dictado por el Ejecutivo.

El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, confirmó a los medios que Paz envió al Parlamento el decreto que dicta el estado de excepción y que "se van a hacer las explicaciones" sobre su contenido.

Por su parte, el expresidente boliviano y jefe de la alianza opositora Libre, Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), mencionó en X que "el Legislativo debe aprobar" la disposición del Ejecutivo porque la libertad de millones vale más que los bloqueos de unos miles".

"Escogemos respaldar el estado de excepción, más allá de nuestros cuestionamientos sobre tiempo, capacidades y forma, porque defender a nuestros ciudadanos está encima de nuestro rol opositor", indicó Quiroga.

Esta madrugada, Paz anunció la imposición del estado de excepción en Bolivia "para liberar las carreteras del país".

La medida fue anunciada horas después de que el Gobierno firmó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para "pacificar" el país, el cual fue rechazado por los otros dos sectores en conflicto: los sindicatos campesinos de La Paz y los seguidores de Morales (2006-2019).

Según información difundida por la Presidencia boliviana, la disposición no supone la suspensión de derechos, pero sí establece que "quedan prohibidos los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos".

Este sábado, la Policía y las Fuerzas Armadas se desplegaron en las principales zonas de conflicto para empezar a desbloquear las carreteras, en las que aún se mantienen 44 cortes de vías en cuatro de las nueve regiones bolivianas.

La COB y la Federación de Campesinos de La Paz lideraron desde el 6 de mayo los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, sumando luego el respaldo de sectores afines a Morales.

El conflicto ha ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y ha dejado al menos 16 fallecidos, trece de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas estimadas en 3.000 millones de dólares.