El Ministerio Público informó en un comunicado que la operación se realizó a través de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao, contra una banda denominada 'La red del silencio', integrada por peruanos y extranjeros.
La operación también incluyó la requisa en una celda del penal de Lurigancho, en el este de Lima.
La Fiscalía señaló que este grupo criminal comenzó a operar en los últimos años, pero registró una mayor incidencia delictiva en 2025, con actos de extorsión en el sector de Oquendo, en el Callao, así como en los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos y otros puntos del norte de Lima.
Las investigaciones estiman que la organización criminal afectó a unos 190 vehículos de transporte público y que los principales afectados eran empresas, propietarios, conductores, cobradores y otros trabajadores del sector.
Las investigaciones mencionaron que la organización criminal exigía pagos diarios que fluctuaban entre los 10 y 40 soles (2,9 y 11,7 dólares) por vehículo, llegando incluso hasta los 70 soles diarios (20,6 dólares).
Sus integrantes utilizaban aplicaciones de mensajería y números telefónicos nacionales e internacionales para enviar mensajes intimidatorios y amenazas de muerte a los transportistas.
En ese sentido, el Ministerio Público señaló que se investiga su presunta participación en atentados contra vehículos de transporte público, disparos con armas de fuego contra conductores y otros actos violentos de violencia "destinados a reforzar el cobro de las cuotas extorsivas".
La orden de detención preliminar se prolongará, en principio, por 15 días y permitirá al Ministerio Público seguir ejecutando diligencias para determinar las responsabilidades penales del caso.
Lima y el Callao se mantienen en estado de emergencia por temas de seguridad desde septiembre de 2024, cuando se decidió aplicar esa medida tras una ola de ataques contra gremios de transporte urbano y comerciantes por parte de bandas dedicadas a la extorsión.
A pesar de la vigencia del estado de excepción, las amenazas, extorsiones y ataques contra gremios se mantienen y han causado la muerte y heridas a decenas de sus trabajadores, sobre todo del sector de transporte publico, por negarse a pagar a las bandas criminales.