El nuevo enfrentamiento entre la Casa Blanca y el estado más poblado de EE.UU., liderado por el gobernador demócrata Gavin Newsom, se da por la ley estatal AB 1127, que debería entrar en vigor el próximo 1 de julio.
La medida abarca las populares pistolas fabricadas por Glock, así como aquellas con diseños similares, que utilizan una ‘barra de gatillo cruciforme’ que, según los legisladores, facilita su conversión para disparar en modo totalmente automático mediante el uso de un simple 'interruptor’ de fácil adquisición.
"Los californianos tienen el derecho constitucional de adquirir y utilizar pistolas de última generación para protegerse", escribió la fiscal general adjunta Harmeet K. Dhillon en una carta dirigida el miércoles a Newsom en la que lo insta a desistir de la implementación de la ley.
La fiscal añadió que los californianos “no deberían verse obligados a conformarse” con modelos de pistolas de hace décadas para garantizar su seguridad.
Dhillon informó en la misiva, compartida por su cuenta de X, que había autorizado la presentación de una demanda ante un tribunal federal de distrito contra California por dicha prohibición, aunque señaló que consideraría posponer el litigio si las autoridades estatales aceptaban iniciar negociaciones.
La ley exige a los vendedores cesar toda venta de inventario nuevo que entre en esta clasificación. Sin embargo, no penaliza la posesión actual; es decir, cualquier persona que ya posea una pistola estilo Glock tiene permiso legal para conservarla.
Los autores de la ley, aprobada en octubre pasado, sostienen que los fabricantes de armas de fuego no han tomado medidas al respecto a pesar de que se sabe desde hace décadas que las pistolas tipo Glock pueden convertirse fácilmente en ametralladoras.