Las autoridades irrumpieron de noche en el local, situado en el barrio obrero de Sham Shui Po, e incautaron libros que presuntamente incitaban al odio contra el Gobierno y la judicatura.
Wong, antigua integrante del Partido Cívico -una de las mayores formaciones prodemocráticas de la ciudad, disuelta por la presión oficial-, y otro hombre detenido se enfrentan además a cargos por recibir transferencias de "organizaciones políticas extranjeras".
El establecimiento llevaba meses bajo el escrutinio de las autoridades. El año pasado, la prensa progubernamental lo acusó de practicar "resistencia blanda" por organizar una feria del libro independiente, un término al que el Ejecutivo recurre cada vez más para señalar formas no violentas de disidencia ideológica o cultural.
La tienda ya había atraído la atención policial en 2024, cuando desafió el veto oficioso a la memoria histórica al vender velas y exhibir carteles de "35/5", en velada referencia al 35º aniversario de la represión militar de Tiananmen del 4 de junio de 1989, cuya multitudinaria conmemoración anual fue durante años el mayor símbolo de las libertades del territorio semiautónomo.
El proceso materializa el impacto de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020, tras las masivas protestas en favor de la democracia, y de la reciente Ordenanza local de Salvaguarda (Artículo 23) de 2024.
Ambos marcos normativos han redefinido los límites de la legalidad en el centro financiero al tipificar delitos políticos como la sedición, con penas que pueden alcanzar la cadena perpetua.
Como resultado, el ecosistema editorial hongkonés sufre una asfixia sistemática: las bibliotecas públicas han purgado cientos de títulos incómodos, mientras el sector independiente denuncia un patrón de acoso mediante inspecciones encadenadas y nuevas exigencias de licencias.
Estas dinámicas, advierten, han instaurado una constante inseguridad jurídica y un profundo desgaste anímico entre los creadores de la excolonia británica.