En un comunicado, la Fiscalía detalló que los fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez presentaron una "imputación contra dos ciudadanos argentinos y dos paraguayos -cuyas identidades no reveló- por presunto lavado de activos en el rubro inmobiliario", que fue admitida por un juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos.
El dinero, según el ente investigador, es "de origen presuntamente ilícito derivado de casos de corrupción pública" en Argentina.
La prensa indicó que la acusación fue contra Kueider y Guinsel, quienes permanecen bajo prisión domiciliaria desde diciembre de 2024 tras ser imputados por presunta tentativa de contrabando de divisas luego de haber sido detenidos ese mes cuando intentaron cruzar por el Puente de la Amistad, que une a la paraguaya de Ciudad del Este con la brasileña de Foz de Iguazú, en una camioneta. Desde diciembre de 2025 se trasladaron a la ciudad de Luque.
En el vehículo fueron hallados 211.102 dólares, 646.000 guaraníes (unos 82,53 dólares entonces) y 3,9 millones de pesos argentinos (unos 3.852 dólares) sin declarar, según informó entonces el Ministerio Público.
La nueva imputación señala que los acusados presuntamente adquirieron seis departamentos y seis cocheras en un edificio de la capital paraguaya por un monto de 480.000 dólares, detalló este miércoles la Fiscalía.
Según la institución, la pareja habría ingresado a Paraguay "en reiteradas ocasiones bajo el estatus de turistas" e introdujo diversas divisas en efectivo "sin declararlas ante las autoridades de control".
El Ministerio Público aseguró que entre octubre y noviembre de 2024 una empresa conformada por dos intermediarios paraguayos adquirió las mismas propiedades que los extranjeros intentaron comprar previamente en una operación que no se concretó después de que no pudieran respaldar el origen de los recursos ante una inmobiliaria.
Días después de la detención en Paraguay, el Senado argentino expulsó a Kueider por inhabilidad moral.
En Argentina, el político enfrenta una causa judicial por supuesto enriquecimiento ilícito y por su eventual vinculación con el cobro de sobornos en el Juzgado Federal de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, entre 2017 y 2019, cuando era director de la empresa estatal de electricidad de Entre Ríos, Enersa.