"Reiteramos nuestra oposición a cualquier cambio unilateral del statu quo, en particular mediante la amenaza o el uso de la fuerza o la coerción", subrayaron las embajadas de facto de estos tres países en la isla en un inusual comunicado conjunto.
"Es fundamental que se garanticen y respeten todos los derechos y libertades de navegación, así como la seguridad de los marineros y los buques", añadió el mismo comunicado.
Estas declaraciones se producen dos semanas y media después de que el Gobierno chino lanzara una "operación especial de control marítimo" en aguas situadas al este de Taiwán, en respuesta al inicio de las negociaciones entre Japón y Filipinas para delimitar sus respectivas zonas económicas exclusivas y plataformas continentales en esa región.
Según Pekín, el operativo buscaba ejercer la "jurisdicción administrativa de control marítimo" del gigante asiático en la zona, reforzar sus capacidades de patrulla en aguas profundas y de control del tráfico en "zonas marítimas clave", garantizar la seguridad de la navegación y "salvaguardar los intereses nacionales".
En respuesta, la Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán recalcó en distintos comunicados que China "no goza de ningún derecho soberano en las aguas situadas al este de Taiwán" y que su actuación vulneraba el derecho internacional.
Además, el ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, declaró el pasado 8 de junio que el operativo de Pekín constituía un "acto de provocación" y de "guerra cognitiva", al tiempo que causaba un "grave perjuicio" a la "soberanía nacional" de Taiwán.
La cartera castrense ha registrado un considerable aumento de la actividad marítima de Pekín este mes, en el que ya ha contabilizado más de 100 buques oficiales chinos en los alrededores de la isla, cifra que contrasta con los 44 de mayo y los 40 de abril.
Las autoridades de Pekín consideran Taiwán una "parte inalienable" del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada de forma tajante por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.