El ministro indicó que las autoridades no pueden impedir el retorno de la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, debido a que ha expirado la "orden de exclusión temporal" que había bloqueado previamente su regreso.
"Podría regresar en cualquier momento", remarcó Burke durante una entrevista con la emisora pública ABC Radio, donde afirmó que la mujer ha solicitado un permiso de retorno que ya ha sido emitido por las autoridades.
Burke subrayó que la ciudadana australiana, que viaja con un hijo, se enfrentará a estrictas condiciones de seguridad una vez regrese a Australia.
"Por ejemplo, ella tendrá que informar sobre dónde vive, dónde trabaja, dónde estudia, si reserva un billete a algún sitio". Además, tendrá limitado, dijo, el acceso a ordenadores y teléfonos: "Para (acceder a) cualquier red social, debe avisar con 24 horas de antelación. Habrá un nivel muy alto de control y vigilancia", remarcó el ministro.
Según Camberra, se trata de la última ciudadana de un grupo de más de 30 mujeres y niños australianos que tras el colapso del autoproclamado califato del Estado Islámico permanecieron durante años detenidos en campamentos del noreste de Siria y que ya han regresado al país austral en diversos grupos.
En mayo, la Policía australiana arrestó a cuatro mujeres vinculadas al EI que habían regresado recientemente desde Siria por presuntos delitos relacionados con terrorismo y crímenes contra la humanidad, que conllevan penas máximas de hasta diez años de cárcel.
En muchos casos, las mujeres abandonaron Australia para seguir a sus maridos, que se habían alistado como combatientes yihadistas, lo que ha provocado que en sus países de origen se las conozca popularmente como las "novias o esposas del EI".
El retorno de mujeres que viajaron años atrás a Siria e Irak continúa generando división en Australia entre quienes defienden su regreso por razones humanitarias y quienes consideran que representan un riesgo para la seguridad nacional.
Por su parte, expertos y organizaciones humanitarias sostienen que mantener indefinidamente a estos ciudadanos en los campamentos sirios vulnera las obligaciones internacionales de derechos humanos y aumenta el riesgo de radicalización.