La iniciativa se encuentra en una fase exploratoria y las autoridades mantienen contactos diplomáticos y técnicos para evaluar la viabilidad de acuerdos con esos tres países, aseguraron este jueves fuentes gubernamentales al canal neerlandés RTL Nieuws.
Países Bajos forma parte de un grupo integrado también por Alemania, Austria, Dinamarca y Grecia, que busca desarrollar un sistema común para gestionar el retorno de personas que ya han recibido una decisión definitiva de rechazo de su solicitud de asilo.
La medida forma parte de la aplicación del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que prevé la creación de centros de retorno fuera del territorio de la Unión Europea (UE) para facilitar la repatriación de solicitantes de asilo que no tienen derecho a permanecer en territorio europeo tras agotar todas las vías legales para lograr permiso de residencia.
De acuerdo con la evaluación inicial del Gobierno neerlandés, Kenia aparece como la opción con mayores posibilidades por su relativa estabilidad política y económica, puesto que sobre Ruanda, la otra alternativa con la que ya hay contactos diplomáticos, existen reservas por la situación de los derechos humanos en ese país.
Benín es otra de las opciones analizadas, pero las conversaciones con sus autoridades aún no han comenzado.
Los ministros responsables recibirán un informe sobre el estado de las negociaciones y el Ejecutivo neerlandés, una coalición de tres partidos de centroderecha liderada por el liberal progresista Rob Jetten, espera adoptar una decisión antes de que finalice el año.
Según la Comisión Europea, cualquier acuerdo para establecer estos centros deberá respetar las normas internacionales de derechos humanos y formalizarse con países políticamente estables.
El anterior Gobierno neerlandés, una coalición de tres partidos de derechas y la derecha radical de Geert Wilders, estudió la posibilidad de establecer un centro de retorno en Uganda, pero el proyecto recibió críticas de organizaciones de derechos humanos y de defensa de los refugiados debido, entre otros motivos, a la legislación contra las personas LGTBI.
Después, el actual Ejecutivo, que llegó al gobierno en febrero pasado, suspendió las conversaciones con ese país tras el aumento de la inestabilidad política.