El operativo de rescate se realizó en conjunto con la Fiscalía y Our Rescue, una organización internacional sin fines de lucro dedicada a combatir la trata y la explotación sexual de personas.
Reimberg señaló que una investigación iniciada en 2024 ya había derivado en la condena de la madre y el padrastro de la víctima, pero que nuevas diligencias permitieron vincular al propietario del centro nocturno donde la menor era explotada, identificado como Polo Ayala, de 67 años.
En el allanamiento al establecimiento se decomisaron cuatro computadoras portátiles, dos teléfonos y documentos "de interés investigativo" y el hombre fue puesto a las órdenes de las autoridades judiciales.
El delito de trata de personas se sanciona en Ecuador con penas de cárcel que pueden llegar hasta los 22 años.