La movilización, denominada la 'Caminata del Orgullo', partió desde la Torre del Reformador —en la zona 9, un céntrico sector financiero del sur de la capital— hacia la Plaza Central, convocada por una plataforma de seis organizaciones que denunciaron la exclusión histórica y la violencia estructural que sufre el colectivo en la nación centroamericana, donde no existe ley de identidad de género ni matrimonio igualitario.
"La exigencia de este año es justicia para vivir con orgullo. El Ministerio Público (Fiscalía) ha sido una institución cooptada, por lo que tenemos muchas denuncias de violencia hacia nuestra población que no han sido resueltas", denunció a EFE la directora ejecutiva de la organización Visibles, Ana Lanz.
Lanz advirtió que la impunidad arranca desde la Policía Nacional Civil, donde sufren agresiones verbales y prejuicios, especialmente contra las personas trans por parte de miembros de la fuerza pública.
Asimismo, la directora de Visibles minimizó el impacto de las recientes resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, que emitió amparos a favor de organizaciones jurídicas cristianas en un intento por prohibir o restringir la movilización en las calles.
Los activistas catalogaron estas medidas de censura previa e insistieron en que manifestar es un derecho garantizado por la Carta Magna.
"Manifestar es un derecho constitucional. No es la primera vez que emiten amparos a favor de estos abogados cristianos; nosotros seguimos en pie, vamos a manifestar, vamos a caminar exigiendo nuestros derechos", zanjó Lanz.
A la demanda de justicia penal y resistencia frente al bloqueo judicial se sumaron los reclamos de sectores juveniles de la provincia y la capital, quienes emplean plataformas culturales como método de incidencia política frente a la intolerancia social.
"Me motiva principalmente la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, el defender nuestro derecho a la identidad de género, a nuestra orientación sexual y luchar por un país más justo e igualitario para todas, todos y todes", expresó a EFE Alejandra Teleguario, integrante de la organización Jóvenes Artistas por la Justicia Social.
Activistas recordaron que cuando el Estado limita el ejercicio de manifestación de un colectivo mediante resoluciones judiciales, pone en peligro la estructura de derecho y la libertad de toda la ciudadanía, en un contexto regional marcado por el avance de discursos conservadores.