La Segunda Sala Constitucional de Lima declaró improcedente una demanda de amparo presentada por la firma china y explicó que las actuaciones de Ositran corresponden al ejercicio regular de sus competencias y que no constituyen una amenaza cierta e inminente a derechos fundamentales, informó la agencia estatal Andina.
Una sentencia emitida en enero pasado ordenó a Ositran abstenerse de ejercer sus funciones sobre las operaciones del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, que empezó sus operaciones comerciales hace un año con la expectativa de convertirse en un centro de conectividad marítima con el Asia, dado que reduce el tiempo de transporte desde Suramérica a China a 20 días en promedio.
Los magistrados señalaron que el puerto de Chancay es una infraestructura de transporte de uso público y que, independientemente de que su titularidad sea privada, la empresa que lo explota califica como entidad prestadora.
Por ese motivo, está sujeta a las funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción que la legislación vigente peruana asigna a Ositran.
Agregó que las comunicaciones, requerimientos y demás actuaciones administrativas emitidas por el regulador forman parte del ejercicio legítimo de sus atribuciones legales y que cualquier controversia derivada de procedimientos administrativos debe resolverse a través de las vías administrativas y contencioso-administrativas previstas por el ordenamiento jurídico.