En un comunicado, la Presidencia de la Asamblea de los Estados Parte del Estatuto, órgano de gobierno del tribunal, lamentó las decisiones adoptadas por los tres países africanos y subrayó que la eficacia de la CPI "depende del apoyo sostenido e inequívoco de la comunidad internacional".
En su opinión, la retirada corre "el riesgo de socavar la búsqueda colectiva de justicia" y los esfuerzos mundiales para poner fin a la impunidad por los crímenes más graves.
La Corte instó a Burkina Faso, Malí y Níger a reconsiderar su decisión, permanecer como miembros de la CPI y continuar participando de "forma constructiva" en su trabajo.
Asimismo, recordó que todos los países miembros tienen derecho a plantear sus inquietudes dentro de este órgano y animó a los tres gobiernos a mantener un "intercambio constructivo" sobre la cuestión.
El órgano de gobierno de la CPI recordó además que la retirada del Estatuto de Roma no exime a un país de las obligaciones que asumió mientras fue parte del tratado, puesto que la retirada sólo es efectiva un año después de que su notificación formal, y no afecta a la obligación de cooperar con la Corte en investigaciones y casos iniciados antes de que la retirada entre en vigor.
Los tres países, gobernados actualmente por juntas militares surgidas de golpes de Estado, anunciaron su decisión de abandonar el Estatuto de Roma.
La medida sigue una tendencia de distanciamiento de las instituciones internacionales y regionales por parte de la Alianza de Estados del Sahel, integrada por Burkina Faso, Malí y Níger, que ya abandonó la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).