Sánchez recurrió a la CIDH después de que fuese rechazado por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima autoridad electoral del país, su reclamo para que se anulase la votación en el exterior, lo que le daría el triunfo en la contienda, al haber sido el candidato más votado en el territorio nacional.
Con el escrutinio completado, Fujimori ganó a Sánchez por un estrecho margen de 49.641 votos, pero si se anulasen los votos del extranjero sería el izquierdista el ganador con 32.014 votos más que la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
El candidato y líder de Juntos por el Perú, que antes de los comicios prometía respetar los resultados, denunció sin pruebas un supuesto fraude en su contra y sustentó su solicitud de anular los votos de los peruanos en el exterior al haberse cambiado la manera de escrutar las actas respecto a la primera vuelta.
Mientras que en la primera vuelta las actas del exterior se escaneaban y mandaban en formato digital para su escrutinio, el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió que se dejase de hacer así en la segunda vuelta tras haber experimentado problemas con la plataforma informática.
Esto obligó a que las actas fuesen enviadas físicamente a Lima para su escrutinio, lo que según Sánchez se hizo sin la debida cadena de custodia para preservar los resultados y abre la puerta a una supuesta manipulación no probada hasta el momento.
Los jurados electorales de Perú rechazaron el pedido de Sánchez por haber sido presentado fuera de tiempo y además no haber pagado las tasas correspondientes de derecho a trámite.
El valor de las tasas, ascendentes a 1.375 soles (unos 402 dólares) por cada mesa que se pretende anular, también es uno de los argumentos esgrimidos por Sánchez para acudir a la CIDH, al considerar que "el monto elevado de algunas tasas impide que se pueda acceder al derecho a la justicia".
La proclamación de los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial de Perú está prevista para este viernes 3 de julio al mediodía por parte del JNE, mientras que el 15 de julio le entregará a Fujimori sus credenciales de presidenta electa y el 28 de julio, día nacional de Perú, será investida como jefa de Estado para el periodo 2026-2031.