Ese recurso, que se sobreentiende que presentó Urrutikoetxea, implica que no se han agotado todos los procedimientos penales que tenía pendientes en Francia, algo que es condición para que pueda ejecutarse su entrega, según el dictamen de la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París del 3 de junio.
Según añadieron las fuentes, hay que esperar a que el Supremo dictamine sobre el recurso para saber qué ocurre con el proceso de su entrega a España, que en cualquier caso no será inmediato.
El veterano exdirigente etarra, que tiene 75 años y se encuentra en libertad bajo control judicial en Francia, quedó absuelto este jueves en el último juicio que tenía pendiente en este país.
Ese juicio, celebrado en abril, fue por su supuesta pertenencia a ETA entre diciembre de 2002 -cuando huyó de España por las investigaciones que lo relacionaban con el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987- y mayo de 2005.
Esa absolución en la práctica deja el camino expedito para que Francia lo ponga en manos de España, donde tiene dos causas abiertas.
La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París ya ha dado el visto bueno para su entrega por dos casos que tiene abiertos en España, el primero por su eventual implicación en ese ataque a la casa cuartel de Zaragoza en 1987; y el segundo por su presunto papel en la dirección de ETA desde que se fugó de España en 2002 y hasta que fue capturado en los Alpes franceses en mayo de 2019.
Este segundo sumario fue objeto de una decisión favorable el 3 de junio, pero no es todavía definitiva, a la espera de que se pronuncie el Supremo, un proceso que suele tardar meses.
La sala de instrucción se pronunció entonces sobre una euroorden de la Audiencia Nacional de Madrid cursada el 3 de diciembre, que en realidad era la extensión de otra a la que ya había dado el visto bueno en 2020, pero entonces por un periodo de acusación más breve y, sobre todo, únicamente por el cargo de pertenencia a una organización terrorista y no como dirigente.
Eso tiene como consecuencia que en el juicio al que eventualmente se le someta en España, si se confirma la luz verde francesa a la euroorden, podría ser sentenciado a una pena máxima de 15 años de cárcel y no de 12.