El documento 'Desplazamiento Forzado Interno en Honduras 2025', elaborado con apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), detalló que el 70 % de las denuncias corresponden a personas en riesgo de desplazarse y el 30 % a quienes ya habían abandonado sus hogares por la violencia.
Aunque las quejas bajaron un 40,8 % respecto a 2024, el Conadeh advirtió que la reducción no refleja una mejora de las condiciones de seguridad, sino que obedece, principalmente, al temor de las víctimas a denunciar, la movilidad constante de las personas afectadas, la desconfianza en las instituciones y las dificultades para acceder a mecanismos de protección, lo que favorece el subregistro.
Entre 2016 y 2025, la entidad atendió 10.077 quejas que afectaron a 24.864 personas.
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, dijo a EFE que el desplazamiento forzado interno continúa siendo una de las crisis más críticas y multicausales en Honduras.
Reyes indicó que cuatro de cada diez quejas (40 %) tienen como detonante principal las amenazas directas, un hostigamiento que posteriormente materializa delitos como la extorsión, el secuestro, el despojo de propiedades y la violencia de género.
La experta reiteró que, aunque Honduras cuenta desde 2023 con una ley para prevenir y atender el desplazamiento forzado interno, la falta de su reglamento y de recursos suficientes continúa limitando la respuesta estatal y la protección efectiva de las personas desplazadas.
Ante este escenario, Reyes instó a la Secretaría de Derechos Humanos, en coordinación con las carteras de Seguridad y Educación, a asumir sus roles específicos y asignar recursos financieros urgentes para garantizar asistencia humanitaria integral, alimentación, traslados y reubicaciones seguras que salvaguarden la integridad de los afectados.
El informe añadió que la tentativa de homicidio es el segundo detonante del desplazamiento forzado interno, al representar el 10 % de los casos, seguida por la violencia doméstica (9 %), los asesinatos (9 %) y la extorsión (6 %).
Respecto a los agresores, el 50 % de las víctimas señaló a un conocido, el 19 % desconoce la identidad, el 11 % apuntó a maras y pandillas, y el 9 % a las fuerzas del orden.
El documento detalla que ocho de cada diez casos afectaron a familias completas y que las mujeres representaron el 51 % de las personas afectadas, frente al 49 % de hombres.
Además, 245 niñas, niños y adolescentes resultaron afectados, de los cuales el 67 % tenía entre 0 y 12 años, lo que los convierte en el grupo etario más vulnerable frente a la violencia y al reclutamiento forzado.
También se registraron 19 quejas de personas de pueblos indígenas y afrohondureños y 15 de personas LGBTIQ+, colectivos que enfrentan riesgos agravados por la discriminación, los conflictos territoriales y la violencia.