Duterte, hija del expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022), es acusada de cuatro delitos como malversación de fondos públicos y amenazas contra el presidente, Ferdinand Marcos Jr., cuando en 2024 afirmó haber ordenado matarlo si ella misma era asesinada.
En mayo, la Casa de Representantes aprobó una moción para destituir a la vicepresidenta y elevó la decisión a la Cámara Alta, compuesta en condiciones normales por 24 miembros.
Para condenar a la vicepresidenta se requiere una mayoría de dos tercios del Senado, que resultaría en una inhabilitación de por vida para ocupar un cargo público, mientras la absolución solo necesita nueve votos. Una culpabilidad no conlleva prisión, pero sí abriría la puerta a un posterior proceso penal.
Meses antes de que el proceso llegara al Senado, Duterte ya había anunciado en febrero su intención de presentarse a la presidencia en 2028, un movimiento que los analistas interpretaron como un blindaje político anticipado.
Elegida en las urnas de manera independiente respecto al líder del Ejecutivo, Duterte y Marcos Jr. acudieron en tándem a los comicios de 2022, pero su alianza no tardó en desintegrase.
En 2025, Duterte ya sobrevivió a un proceso similar que no llegó al Senado por una decisión del Tribunal Supremo, que encontró defectos de forma en la acusación.
Desde este lunes los senadores actuarán como jueces en un proceso "muy marcado por la política y las alianzas", según los expertos consultados por EFE, pero que en la práctica no difiere mucho de un juicio ordinario.
"No se pueden descartar cambios en las alianzas políticas entre los senadores dependiendo del peso de los argumentos presentados por ambas partes y el rumbo de la opinión pública", dice Ronald Holmes, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de La Salle.
Conforme a la agenda publicada, la Fiscalía, liderada por varios diputados, cuenta con 62 sesiones para presentar sus argumentos y tomar declaración de 57 testigos; mientras que la Defensa tiene asignadas 30 jornadas para llamar a 45 testigos.
Las vistas tendrán lugar tres días por semana en las sesiones vespertinas de la Cámara. Si no se modifica este calendario, los académicos ven "muy probable" que la sentencia se conozca antes de final de año.
Cuando se presentó el caso, Duterte sumaba un cómodo respaldo en el Senado que hacía muy complicada una condena. Pero, en la actualidad, con un senador a la fuga, otro detenido y un tercero pendiente de los tribunales, los apoyos de la vicepresidente se encuentran en mínimos.
Desde mediados de mayo permanece en paradero desconocido el senador Ronald dela Rosa para evitar una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por su implicación en la guerra contra las drogas impulsada por Rodrigo Duterte, cuyo juicio por delitos de lesa humanidad está previsto que empiece en noviembre.
Además, en junio las autoridades arrestaron al senador Jinggoy Estrada acusado de "saqueo" y un tribunal valora emitir una orden de detención contra el senador Rodante Marcoleta, algo que los expertos dan por seguro. Los tres están vinculados al clan Duterte y quedarían excluidos de participar en el juicio.
"No hay pruebas, pero se puede sospechar de la interferencia del Palacio Presidencial sobre lo que sucede en el Senado", comenta Dennis Coronación, decano del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Santo Tomas.
Estos cambios dejarían los apoyos firmes de Duterte en nueve, mientras que sus detractores se mantendrían en doce, según los académicos.
En un Senado mermado a 21 miembros, si Marcoleta es finalmente detenido, el debate radica en si esos "dos tercios" se calculan sobre el total de 24 senadores (16 votos para condenar) o sobre los legisladores activos, un escenario que rebajaría a 14 los votos necesarios para apartar a Duterte del cargo.
Ante la ambigüedad, Coronación sugiere la posibilidad de que Fiscalía o Defensa consulten al Supremo para aclarar este punto.
"En muchos sentidos, todos los caminos conducen a 2028. El juicio no se trata simplemente de determinar el destino de un funcionario. Es también un ensayo general para las coaliciones, los discursos y las rivalidades que definirán la próxima contienda presidencial", remarca Ederson Tapia, decano del departamento de Política Pública de la Universidad de Makati.