La política, hija del exmandatario Rodrigo Duterte (2016-2022), detenido en La Haya por presuntos crímenes de lesa humanidad, es acusada de cuatro delitos, entre ellos malversación de fondos públicos y amenazas contra el actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., a quien en 2024 afirmó haber ordenado matar si ella misma era asesinada.
El juicio, en el que los senadores actúan como jueces, se produce después de que, en mayo, la Casa de Representantes filipina aprobara una moción para destituir a la vicepresidenta y elevara la decisión a la Cámara Alta, compuesta normalmente por 24 miembros.
Para que Duterte resulte inhabilitada de por vida para ocupar un cargo público, se requiere una mayoría de dos tercios del Senado, mientras que la absolución solo necesita nueve votos.
Un veredicto de culpabilidad no conllevaría prisión, pero sí abriría la puerta a un posterior proceso penal e imposibilitaría su anunciada candidatura presidencial para las elecciones de 2028.
Horas antes del inicio del juicio político, las autoridades filipinas detuvieron al senador Rodante Marcoleta, vinculado al clan político de la familia Duterte, después de que la Defensoría del Pueblo lo acusase de no declarar 75 millones de pesos filipinos (1,2 millones de dólares) durante su campaña al Senado en 2025.
Cuando se presentó el caso contra Duterte, la vicepresidenta contaba con un cómodo apoyo en la Cámara Alta que dificultaba su eventual condena, pero su influencia se ha visto mermada tras las detenciones de los senadores Marcoleta –este lunes– y Jinggoy Estrada –en junio, también por presunta malversación–, así como por la fuga del legislador Ronald 'Bato' dela Rosa, reclamado por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados a la campaña antidrogas de Rodrigo Duterte.
Así, los apoyos firmes de Sara Duterte quedarían en nueve –el mínimo para absolverla–, mientras que sus detractores se mantendrían en doce, según académicos consultados por EFE.
Duterte ya sobrevivió en 2025 a un proceso similar que no llegó al Senado por decisión del Tribunal Supremo, que encontró defectos de forma en la acusación.