La fiscal general de Columbia Británica, Niki Sharma, dijo en un comunicado que la provincia quiere explorar todas las vías disponibles para exigir responsabilidades a la compañía de inteligencia artificial y a sus directivos por lo que calificó como un fallo por no notificar a la Policía sobre las amenazas explícitas detectadas en la plataforma.
El ataque ocurrió el 10 de febrero en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una pequeña localidad del norte de Columbia Británica, y causó la muerte de ocho personas, entre ellas una profesora y cinco menores de entre 11 y 13 años.
Según el Gobierno provincial, informes internos de OpenAI han indicado que los equipos de seguridad de la empresa marcaron meses antes del ataque mensajes violentos de la autora de la matanza en ChatGPT, pero la dirección de la compañía no advirtió a la Policía ni a las autoridades locales.
"Cuando existen serias preocupaciones sobre oportunidades perdidas para prevenir daños, tenemos la responsabilidad de actuar", afirmó Sharma.
La provincia contrató al bufete CFM Lawyers, con sede en Vancouver, y a Stranch, Jennings & Garvey, una firma de California, para estudiar posibles recursos legales en Estados Unidos, donde OpenAI tiene su sede.
Sharma añadió que Columbia Británica buscará exigir responsabilidades y obtener apoyo para la reconstrucción de la comunidad, incluida la construcción de una nueva escuela en Tumbler Ridge.
"Damos este paso porque existen serias preocupaciones sobre el hecho de que OpenAI no notificara a las fuerzas de seguridad después de que se marcaran amenazas en su plataforma", señaló la fiscal general.
La posible acción de la provincia sería independiente de las demandas ya presentadas por varias familias de víctimas ante un tribunal federal del norte de California.
El anuncio se produce después de que el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, pidiera disculpas en abril a la comunidad por no haber alertado a las autoridades sobre las señales detectadas en la cuenta de la autora del ataque.