El presidente, Emmanuel Macron, ha evitado hasta el momento comentar el fallo, la izquierda cuestiona la legitimidad de la líder de Agrupación Nacional (RN) y Transparencia Internacional Francia defiende la resolución como una reafirmación del Estado de derecho.
Le Pen fue condenada por malversación de fondos europeos a una multa de 100.000 euros, tres años de prisión (dos de ellos suspendidos) y 45 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos (30 de ellos suspendidos), lo que se traduce en que ya ha cumplido los 15 meses firmes de su inhabilitación por la ejecución inmediata de la sentencia del 31 de marzo de 2025.
Marine Le Pen cumplirá su condena de prisión bajo arresto domiciliario con un dispositivo electrónico de localización, cuyos detalles deberá establecer un juez de aplicación de penas.
Antes del fallo judicial, la líder ultraderechista condicionó su candidatura a no ser condenada a llevar dicho dispositivo.
Está previsto que Le Pen intervenga en el telediario de máxima audiencia de las 20.00 hora local (18.00 GMT) de TF1 para despejar la incógnita sobre si se lanzará a su cuarta carrera al Elíseo o si cederá el testigo a su delfín, Jordan Bardella.
Desde Damasco, donde realizó una visita oficial, Macron rechazó valorar el fallo judicial. "Lo que es saludable para la democracia es que el presidente de la República no comente las decisiones judiciales", declaró durante una rueda de prensa junto al presidente sirio, Ahmad al Sharaa.
La sentencia provocó una rápida reacción de los partidos de izquierda, cuyos dirigentes coincidieron en cuestionar la legitimidad política de una eventual nueva candidatura de Le Pen.
El primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, consideró que quien aspire a la Presidencia de la República debe ser "ejemplar" y afirmó que la única decisión "moralmente aceptable" sería que Le Pen renunciara a la carrera presidencial.
El secretario nacional del Partido Comunista Francés, Fabien Roussel, sostuvo igualmente que una condena de esta naturaleza, con independencia de la forma en que se ejecute la pena, "no permite presentarse ante los franceses" como candidato a la jefatura del Estado.
Desde La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, insistió en que el objetivo de la izquierda sigue siendo derrotar a Agrupación Nacional "por la vía de las urnas y por la voluntad del pueblo". "Nada cambia, sea quien sea el candidato", escribió, acompañando su mensaje con un proverbio criollo: "Mismo pelo, misma bestia".
Por su parte, la secretaria nacional de Los Ecologistas, Marine Tondelier, estimó que Le Pen había recibido un trato favorable por la rapidez con la que se resolvió el recurso de apelación.
En un mensaje en redes sociales añadió, además, que las limitaciones derivadas del uso de un brazalete electrónico parecen "poco compatibles" con el desarrollo de una campaña presidencial.
La resolución también motivó la reacción de Transparencia Internacional Francia, que consideró que el caso debe servir para reforzar las políticas de prevención de la corrupción y de protección de la integridad en las instituciones públicas.
En un comunicado, la responsable de incidencia política de la organización, Diane Semerdjian, afirmó que la ONG "acoge con satisfacción esta decisión, que reafirma los principios del Estado de derecho, que no admite excepciones ni privilegios".
A su juicio, el caso debe propiciar un fortalecimiento de los mecanismos para prevenir las infracciones contra la "probidad", mediante una mayor supervisión y el desarrollo de una "auténtica cultura de la integridad" tanto en las instituciones nacionales como europeas.
Transparencia Internacional Francia advirtió además de dos "líneas rojas" en el debate público: cuestionar la independencia del poder judicial sin pruebas objetivas debilita el Estado de derecho, mientras que presentar un procedimiento judicial como un ataque a la democracia supone invertir la lógica institucional, ya que una justicia independiente constituye una de las principales garantías del sistema democrático, subrayó.