Los exguerrilleros expusieron en una rueda de prensa que, desde el inicio de esta "grave situación", han seguido y denunciado "permanentemente todo el proceso arbitrario al que han sido sometidos" sus compañeros, "detenidos de manera injusta desde 2024 para alimentar una narrativa de criminalización por parte del Gobierno inconstitucional hacia los defensores de derechos humanos".
De acuerdo con reportes de la prensa local, los detenidos son José Santos Melara, Atilio Montalvo, Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos y Roberto Antonio Esquivel, y Luis Menjívar.
Estas personas fueron detenidas a finales de mayo de 2024 y acusadas de supuestamente preparar atentados en el contexto de la toma de posesión de Bukele de su segundo mandato consecutivo, al que el mandatario optó a pesar que en ese momento estaba prohibido por la Constitución.
"Desde junio de 2024 hemos exigido la pronta liberación de nuestros compañeros, ya que se les acusa sin fundamento de un delito que nunca cometieron", y "desde el 2021 venían denunciando estos graves retrocesos democráticos", denunciaron.
Explicaron que en este tiempo "la Fiscalía solicitó en varias ocasiones prorrogar el tiempo de detención, para supuestamente seguir investigando, esto debido a que, a pesar del tiempo, no se han encontrado indicios, ni pruebas suficientes".
"Exigimos nuevamente la libertad inmediata para nuestros compañeros que en ningún momento han cometido dichos delitos", porque "son inocentes, son héroes, son luchadores sociales de toda la vida", subrayaron.
En enero de 2024, un conglomerado de organizaciones de veteranos de la guerra civil de El Salvador (1980-1992) y de exguerrilleros le retiraron su apoyo Bukele para los comicios del 4 de febrero, en los que finalmente ganó la reelección, tras señalar incumplimiento de un acuerdo firmado en 2018.
En El Salvador, de acuerdo con diversas organizaciones humanitarias locales e internacionales, han tenido que salir al exilio unos 130 activistas, abogados y periodistas por el acoso policial y judicial que enfrentan por ser voces críticas del Gobierno del presidente Bukele. La mayoría de salidas se dieron después de la detención de defensores de derechos humanos en 2025.