Las ejecuciones se llevaron a cabo contra personas de 17 nacionalidades diferentes, lo que refleja el "uso generalizado y continuado de la pena de muerte contra extranjeros", según la ONG, radicada en Alemania y que contabiliza las ejecuciones en el reino.
La cifra de extranjeros durante este periodo ascendió a 59, lo que representa el 54 % del total de ejecuciones, frente a 49 saudíes.
De todas las ejecuciones llevadas a cabo durante el primer semestre, las relacionadas con drogas representaron el mayor porcentaje: 71 casos, un 66 %.
Además, 83 de las 108 ejecuciones, es decir, el 76,8 %, estaban relacionadas con delitos que no implicaban asesinato premeditado, lo que contradice la interpretación restrictiva del concepto de "delitos más graves" estipulada en el derecho internacional.
La ESOHR indicó que las cárceles saudíes aún albergan a un gran número de condenados a muerte en casos de ejecución, entre ellos 58 ciudadanos etíopes detenidos en uno de los pabellones de ejecución de la prisión de Jamis Mushait, 5 etíopes y 5 somalíes en la cárcel de Nayran, y 8 egipcios en la de Tabuk.
La ONG observó que, transcurridos los primeros seis meses de 2026, Arabia Saudí continúa aplicando sentencias de muerte a un ritmo acelerado, sin tener en cuenta sus obligaciones internacionales ni su legislación vigente.
Las autoridades saudíes ejecutaron al menos a 356 personas en 2025, lo que supone un nuevo récord en el país por el mayor número de ejecuciones en un año, de acuerdo con Amnistía Internacional y otras organizaciones.