La decisión fue adoptada dos días después de que se divulgara la respuesta oficial enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Congreso, en la que la Cancillería reconoce que la reciente clasificación por parte de Estados Unidos de las dos mayores organizaciones criminales de Brasil como grupos terroristas puede generar "riesgos concretos" para la soberanía nacional.
El documento sostiene que la legislación estadounidense contra el terrorismo permite la adopción de medidas unilaterales y extraterritoriales que podrían afectar a ciudadanos, empresas y organizaciones brasileñas.
En su respuesta al Congreso, la Cancillería admitió que la legislación antiterrorista contempla incluso "la posibilidad del uso de la fuerza militar de los Estados Unidos en territorio brasileño".
La comparecencia del ministro fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional a petición de legisladores de la oposición, que quieren que el canciller explique el contenido del documento.
La Presidencia de la Cámara de Diputados aún tendrá que decidir la fecha para la comparecencia.
La decisión de la Cámara baja contrasta con la adoptada la víspera por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que optó por "invitar" a Vieira para ofrecer explicaciones, una modalidad de carácter voluntario.
En el documento remitido al Congreso, la Cancillería afirma que la inclusión del Primeiro Comando da Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV) en la lista estadounidense de organizaciones terroristas extranjeras puede servir de fundamento para acciones unilaterales.
Según el Gobierno brasileño, la amplitud de la legislación antiterrorista estadounidense permite la adopción de medidas administrativas y judiciales con efectos extraterritoriales, con posibles repercusiones financieras, migratorias y penales para ciudadanos, empresas y organizaciones brasileñas.
El Ejecutivo sostiene que la decisión de Washington fue adoptada de forma unilateral y no altera el marco jurídico brasileño, en el que ambas organizaciones siguen siendo consideradas grupos del crimen organizado y no organizaciones terroristas.